Isapre Consalud con Servicio de Impuestos Internos

De la sentencia en alzada se sustituye en el motivo vigésimo noveno la referencia al “DFL N° 5”, por “DFL N° 1”. Asimismo, en el fundamento trigésimo se reemplaza “DLF” por “DFL”.

Primero : Que en el caso de autos no se encuentra discutida la efectividad del gasto ni su origen, es decir, el tratamiento tributario que el contribuyente dio al desembolso por costas personales en razón de los recursos de protección en que fue impuesta dicha carga procesal; tampoco lo está el monto pagado por tal concepto, ni que corresponda al periodo en que está determinada la diferencia impositiva y que no han si rebajadas como costos directos, de modo que la controversia radicó únicamente en la necesidad del gasto, esto es, si se cumplen los presupuestos del artículo 31 inciso primero de la Ley de Renta y, por ende, si es necesario para producir la renta.

En el recurso de apelación el ente fiscal insiste -como argumento principal- que a pesar del criterio uniforme de las Cortes de Apelaciones en todo el país, las Isapres en general y en particular CCCC no han modificado su conducta, siguen enviando carta de adecuación a sus afiliados con el objeto de lograr un alza en los precios de los planes de salud, a pesar de haber “sido catalogadas ya en cientos de miles de ocasiones de arbitrarias e ilegales”, incumpliendo los requisitos para ser aceptados tributariamente, señalando que en todos los casos en que fue condenada en costas por sentencias judiciales ejecutoriadas no se produjo ningún ingreso adicional por no ser procedente el aumento de los precios de los planes de salud, entendiendo que las decisiones de los tribunales superiores calificaron el proceder de la reclamante como ilegal, antirreglamentario o negligente.

Segundo : Que el objeto social de la reclamante es exclusivamente financiar prestaciones y beneficios de salud y las actividades afines y complementarias a éstas. Las Isapres únicamente generan ingresos a través de las cotizaciones que los afiliados pagan por los planes de salud y por las demás actividades al tenor de su giro. En cuanto a la modificación del valor originalmente convenido, la normativa que regula dicha actividad reconoce en el artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, la facultad de la Isapre para incrementar en forma unilateral el precio de sus planes de salud, lo cual se realiza a través de las denominadas “Cartas de Adecuación”, que en su oportunidad la institución remite a los contratantes, comunicándoles el nuevo valor, sea de los contratos individuales de salud o por prestaciones GES. Por consiguiente, son los afectados quienes en resguardo legítimo de sus derechos los que deciden interponer la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Fundamental.

Ahora bien, en materia tributaria y para resolver el conflicto jurídico de autos no es procedente aludir a elementos valóricos de la conducta de la Isapre o atribuir mala fe procesal a la actividad desplegada por ésta en las acciones constitucionales, por cuanto en el marco legal vigente la operación cuestionada -propia del giro empresarial- ha sido adoptada para generar ingresos tributables, sin que sea exigencia para deducir el gasto que la renta en todos los casos se haya efectivamente materializado. En esta materia la Corte Suprema ha señalado que “aun cuando un determinado gasto no genere de modo directo utilidades o excedentes constitutivos de renta, como es el caso de las pérdidas de ejercicios anteriores o el castigo de deudas incobrables, en la medida que diga relación con las operaciones que deben llevar adelante un contribuyente, ha de calificarse como necesario para producir la renta” (Sentencia dictada en la causa Rol N° 15514-17 de 16 de octubre de 2016).

Tercero: Que en el caso de autos, como acertadamente lo establece el fallo en alzada, considerando el giro único de la reclamante, las instituciones de salud generan ingresos a partir del desarrollo de su actividad económica regulada y, por ende, el precio de los planes de salud constituye la forma de producirlos. En este contexto, el alza de los mismos en ejercicio de una facultad legal busca incrementarlos, por lo que ha de concluirse que la decisión empresarial adoptada según la facultad reconocida en el artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, tiene por objeto obtener rentas, razón por la cual las acciones de protección acogidas que dejan sin efecto dicha modificación unilateral e imponen la carga procesal de pagar las costas a la reclamante obligan a la Isapre a efectuar tales desembolsos, por cuanto no hacerlo pondría en riesgo su normal funcionamiento y aun su existencia legal.

En el contexto descrito, sin perjuicio de la naturaleza de las costas personales en la acción constitucional de protección, lo único relevante en este asunto es que la reclamante incurrió en gastos que están vinculados al giro de la empresa, pues se verifica la relación potencial posible entre ingreso y gasto, resultando éste necesario para producir la renta, pues tienen el carácter de inevitable u obligatorio para el contribuyente, como se razona en los motivos vigésimo cuarto y trigésimo tercero del fallo de primer grado.