Seedles Valley S.A. con Servicio de Impuestos Internos
| Tribunal | Corte de Apelaciones de Santiago |
|---|---|
| Rol | 374-2018 |
| Fecha sentencia | 16 dic 2019 |
| RUC | 16-9-0001023-4 |
| Recurso | Apelación |
| Resultado | HA LUGAR |
| Resuelve a favor de | SII |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalSe discutió si prescribió la acción de cobro del SII por falta de citación válida conforme al artículo 63 del Código Tributario. La Corte revocó la sentencia que acogió la prescripción, determinando que sí hubo citación válida mediante carta certificada, por lo que la acción no había prescrito.
Análisis del SII
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra del fallo dictado por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero Región Metropolitana de Santiago que acogió la excepción de prescripción de la acción de cobro en conformidad con lo prescrito en el artículo 200 del Código Tributario.
Lo anterior, en razón de no haberse probado que la contribuyente fue legalmente citada en los términos del artículo 63 de tal texto, sin perjuicio que posteriormente fue notificada de la Liquidación reclamada que determinó diferencias de Impuesto de Primera Categoría el 12 de mayo de 2016. Ello, indica la reclamante, a pesar que el plazo que tenía el órgano persecutor para revisar cualquier deficiencia en la declaración, liquidación o giro de impuestos, había expirado el 30 de abril de 2016.
En su fallo el Tribunal Tributario y Aduanero se refirió únicamente a la “acción de cobro” del Servicio de Impuestos Internos, sosteniendo que no habiéndose notificado materialmente la citación y habiéndose notificado la liquidación el día 12 de mayo de 2016, operó la prescripción. Lo anterior, puesto que la acción del ente fiscalizador para revisar cualquiera deficiencia en la liquidación y liquidar o girar los impuestos a que hubiere lugar, prescribe a los tres años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago, lo que en la especie habría ocurrido el 30 de abril de 2016. Para resolver como lo hizo, el Tribunal tuvo por establecido además como hecho de la causa, que, en virtud de la prueba rendida en autos, la notificación al contribuyente se produjo el 12 de mayo de 2016, es decir, transcurridos tres años y doce días desde que expiró el plazo legal en que debió efectuarse el pago. Dado que, las normas cuestionadas, inhiben al litigante tributario de deducir un recurso de casación en la forma en contra del fallo dictado por el Tribunal Tributario y Aduanero, la judicatura de Coquimbo negó lugar a la tramitación del recurso de casación en la forma y concedió únicamente la apelación conjunta, por lo que la contribuyente indica que ha quedado en una situación de indefensión.
En razón de lo anterior, el Tribunal Constitucional señaló que el conflicto de constitucionalidad planteado se refiere a que la aplicación de las normas objetadas infringe las garantías del debido proceso, de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Así, resolvió que para que se cumpla con la garantía de un procedimiento e investigación racionales y justos y exista un debido proceso, es menester que se posibiliten todas las vías de impugnación que permitan que se revise por los órganos judiciales superiores lo resuelto por un juez inferior. Por lo que, teniendo presente que los juicios tributarios, son juicios especiales y tienen características particulares que justifican un tratamiento procesal especial, no encuentra fundamento a que las normas impugnadas no consideren procedente el recurso de casación, dando un trato discriminatorio a los justiciables que se deban someter a dichos procedimientos, no permitiendo el acceso a tal recurso en que otro juez distinto del que pronunció la sentencia puede conocer de ésta y corregir los errores u omisiones.
En tal sentido, el ser el recurso de apelación el único procedente en contra de la sentencia que falle un reclamo en materia tributaria, bajo el concepto de dar mayor especialización a las Cortes de Apelaciones en materias tributarias y dotar de mayor celeridad dichos procedimientos, no resulta conciliable con el artículo 19 Nº3 constitucional.
Por último, el Tribunal Constitucional señaló que por medio del recurso de casación, los tribunales superiores de justicia corrigen, conforme a derecho las infracciones de ley o los vicios en que pudiere incurrir los jueces de la instancia al dictar sentencia, con lo cual, unifican la jurisprudencia de los tribunales de justicia. Al impedirse por los preceptos legales censurados el recurso de casación se vulnera doblemente el mandato constitucional de establecer un procedimiento racional y justo, por no permitir ejercer las facultades que la ley procesal entrega a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema en materia de casación.
Esta sentencia fue acordada con la disidencia de los Ministros Sres. Gonzalo García y Nelson Pozo y la prevención de la Ministra Sra. María Pía Silva que indicaron que el recurso de casación en la forma es un recurso extraordinario y el acceso a este tipo de recursos no está garantizado ni constitucional ni convencionalmente, no siendo un elemento esencial del debido proceso. Indica también que no se vulnera la igualdad ante la ley, ya que tanto el contribuyente como el Servicio de Impuestos Internos se encuentran privados de recurrir de casación en la forma en las hipótesis planteadas por la recurrente. También señala que el recurso de apelación permite por mandato legal conocer los hechos y el derecho en su máxima amplitud, constituyendo un sistema de revisión completo, y que cualquier vicio formal perfectamente es susceptible de subsanarse por la vía de tal impugnación.
Texto de la sentencia
Santiago, diez de abril de dos mil diecinueve.
Javier Saldías Morales, abogado en representación de Enel Generación Chile S.A., ambos domiciliados en calle Santa Rosa N° 76, de la comuna y ciudad de Santiago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285 de 2008 sobre Acceso a la Información Pública interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo Rol C- 3609-17, adoptada por el Consejo para la Transparencia, en su sesión ordinaria N° 908 de fecha 12.07.2018, que acoge parcialmente el amparo deducido por Matías Rojas Medina, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ordenando a la CMF “entregar las actas de sesiones de directorio y comités de directorios de Enel Generación Chile S.A., solamente en la parte referida a eventuales pagos irregulares que podría haber llegado a efectuar Enel Generación a PEP, de acuerdo a lo señalado en publicación de 22 de julio de 2015 del diario El Mostrador, previo tarjamiento de los datos personales de contexto, por no configurarse la afectación a derechos comerciales”.
Expone que el 8 de septiembre de 2017 Matías Rojas Medina, solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero “copia digital de todos los documentos, registro de reuniones de directorio, minutas e informes remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros por Endesa Chile y/ o Enel Generación, Chile, respecto a pagos irregulares de la empresa a Personas Expuestas Políticamente, por medio de boletas que debieron ser rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos, como también copia digital de todas la auditorías internas encargadas al estudio de abogados Cariola Diez y Pérez Cotapos sobre el caso en comento, que hubieren sido compartidas con la SVS, de acuerdo a lo señalado en publicación de 22 de julio de 2015 del diario El Mostrador”.
Relata que su parte se opuso a la entrega de la información solicitada por tratarse de antecedentes comerciales confidenciales como por ejemplo aquellos que conforman el denominado secreto tributario contemplado en el artículo 35 del Código Tributario. La Comisión para el Mercado Financiero contestó el requerimiento de información relativa a “pagos irregulares de la empresa a Personas Expuestas Políticamente” entregando el Oficio Reservado N° 2169 de 8 de junio de 2015 mediante el que se requiere información relativa a PEP, la respuesta de Enel Generación al citado requerimiento y el Acta de la Junta Ordinaria de accionista de 27 de abril de 2015. Denegó la entrega de otros documentos tales como actas de sesiones de Directorio y actas de sesiones de Comité de Directorio, que contienen información que escapa al requerimiento de acceso a la información sobre “pagos irregulares de la empresa a Personas Expuestas Políticamente PEP”.
El 16 de octubre de 2017 el requirente de información dedujo amparo, por aquella información (actas de directorio y comité de directorio) que no le fue proporcionada.
El 12 de julio de 2018 el Consejo para la Transparencia, en su sesión N° 908, resolvió el amparo rol N° C 3609-2017, acogiéndolo parcialmente, ordenando la entrega de “las actas de sesiones de directorio y comités de directorios de Enel Generación Chile S.A, solamente en la parte referida a eventuales pagos irregulares que podría haber llegado a efectuar Enel Generación a PEP, de acuerdo a lo señalado en publicación de 22 de julio de 2015 del diario El Mostrador, previo tarjamiento de los datos personales de contexto, por no configurarse la afectación de derechos comerciales”.
Luego de referirse a la admisibilidad del reclamo, sostiene que la solicitud de acceso a la información de Matías Rojas Medina, ya se encuentra satisfecha sin necesidad de considerar la entrega de nuevos antecedentes, pues se solicitó copia digital de todos los documentos remitidos por Enel Generación Chile S.A, a la autoridad ya señalada, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización respecto de un tema específico cual es “Los pagos irregulares de la empresa a Personas Expuestas Políticamente (PEP)” y el 11 de octubre de 2017 la Comisión para el Mercado Financiero respondió el requerimiento de información mediante Oficio N° 27.256 indicando que buscada la información relativa a Personas Expuestas Políticamente, se encontró el Oficio Reservado N° 2169 de 8 de junio de 2015 mediante en que se requiere información a Enel Generación Chile S.A, relativa a PEP, se entregó acceso a información sobre dicho oficio y la respuesta que a éste habría entregado Enel Generación, acompañando acta de junta ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2015, ratificando por correo de 16 de abril de 2018 que dicha documentación era toda la que existía en poder de la Comisión, lo que reiteró en correo de 4 de mayo de 2018, donde se indica que la Comisión no emitió un acto administrativo distinto del referido Oficio N°2169 y que el objeto por el que fueron requeridas a Enel sus sesiones de directorio y sesiones de comité de directores fue en atención a un proceso de reorganización societario.
Enseguida, niega el contenido publicado en el Diario El Mostrador de 22 de julio de 2015, haciendo presente que su solicitud de rectificación ingresadas al Servicio de Impuestos Internos dice relación exclusivamente con gastos que pudieran considerarse como aquellos no necesarios para producir renta y por tanto descontarlos como gastos de su contabilidad, sin que dicha declaración pueda considerarse en caso alguno como reconocimiento de haber efectuado pagos irregulares o financiamiento irregular de la política, como algunos medios de comunicación pudieran haber indicado.
Texto según el registro del Poder Judicial (juris.pjud.cl), que reemplaza a la transcripción del repositorio del SII en esta ficha.
Normas aplicadas
Descriptores del SII
Citación amplia plazo de prescripción Artículos 11, 63 y 200 del Código Tributario
La misma causa en primera instancia
Seedless Valley S a con Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte
Se acoge reclamo de Seedless Valley S.A. contra liquidación por subdeclaración de rentas AT 2013, por prescripción de la acción fiscalizadora del SII al no acreditarse debidamente la citación previa.
Cómo resuelve este tribunal
Fallos que aplican las mismas normas
Salinas Varela con Servicio de Impuestos Internos
Contribuyente impugnó notificación de citación y liquidación de impuesto global complementario por año 2017, alegando no haberlas recibido durante pandemia COVID-19 en domicilio sin conserje. Corte desestimó apelación confirmando que SII cumplió requisitos legales de notificación por carta certificada.
Transportes Sudtrans SA con Servicio de Impuestos Internos
Transportes Sudtrans S.A. impugnó gastos rechazados por falta de notificación idónea de citación y liquidación según artículo 11 del Código Tributario. La Corte confirmó sentencia de primera instancia que acogió la falta de notificación.
Sociedad Comercial Los Italianos Limitada con Servicio de Impuestos Internos
Modificación de avalúos de bienes raíces: contribuyente cuestionó vicios formales (falta de firmas y timbres), falta de fundamentación y prescripción de la facultad fiscalizadora. Corte acogió apelación y anuló las resoluciones del SII.
Inversiones y Rentas Kavod S.A. con Servicio de Impuestos Internos
Se aprobó avenimiento extrajudicial entre contribuyente y SII, omitiendo pronunciamiento sobre la apelación deducida contra sentencia de primera instancia por cuestión de falta de notificación.
Messen Gaete con Servicio de Impuestos Internos
Contribuyente impugnó liquidaciones de Impuesto Global Complementario notificadas por cédula mientras estaba fuera del país. La Corte acogió su recurso de apelación por vicio en la notificación, considerando que la cédula no era el medio idóneo dado que el recurrente no se encontraba en el territorio.
Pedro Malig Perez con Servicio de Impuestos Internos
Prescripción de la acción fiscalizadora por defectuosa notificación de la citación. La Corte acogió la excepción de prescripción al concluir que el SII no acreditó legalmente la notificación de la citación que debía interrumpir el plazo de tres años.