Seedles Valley S.A. con Servicio de Impuestos Internos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra del fallo dictado por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero Región Metropolitana de Santiago que acogió la excepción de prescripción de la acción de cobro en conformidad con lo prescrito en el artículo 200 del Código Tributario.

Lo anterior, en razón de no haberse probado que la contribuyente fue legalmente citada en los términos del artículo 63 de tal texto, sin perjuicio que posteriormente fue notificada de la Liquidación reclamada que determinó diferencias de Impuesto de Primera Categoría el 12 de mayo de 2016. Ello, indica la reclamante, a pesar que el plazo que tenía el órgano persecutor para revisar cualquier deficiencia en la declaración, liquidación o giro de impuestos, había expirado el 30 de abril de 2016.

En su fallo el Tribunal Tributario y Aduanero se refirió únicamente a la “acción de cobro” del Servicio de Impuestos Internos, sosteniendo que no habiéndose notificado materialmente la citación y habiéndose notificado la liquidación el día 12 de mayo de 2016, operó la prescripción. Lo anterior, puesto que la acción del ente fiscalizador para revisar cualquiera deficiencia en la liquidación y liquidar o girar los impuestos a que hubiere lugar, prescribe a los tres años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago, lo que en la especie habría ocurrido el 30 de abril de 2016. Para resolver como lo hizo, el Tribunal tuvo por establecido además como hecho de la causa, que, en virtud de la prueba rendida en autos, la notificación al contribuyente se produjo el 12 de mayo de 2016, es decir, transcurridos tres años y doce días desde que expiró el plazo legal en que debió efectuarse el pago. Dado que, las normas cuestionadas, inhiben al litigante tributario de deducir un recurso de casación en la forma en contra del fallo dictado por el Tribunal Tributario y Aduanero, la judicatura de Coquimbo negó lugar a la tramitación del recurso de casación en la forma y concedió únicamente la apelación conjunta, por lo que la contribuyente indica que ha quedado en una situación de indefensión.

En razón de lo anterior, el Tribunal Constitucional señaló que el conflicto de constitucionalidad planteado se refiere a que la aplicación de las normas objetadas infringe las garantías del debido proceso, de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Así, resolvió que para que se cumpla con la garantía de un procedimiento e investigación racionales y justos y exista un debido proceso, es menester que se posibiliten todas las vías de impugnación que permitan que se revise por los órganos judiciales superiores lo resuelto por un juez inferior. Por lo que, teniendo presente que los juicios tributarios, son juicios especiales y tienen características particulares que justifican un tratamiento procesal especial, no encuentra fundamento a que las normas impugnadas no consideren procedente el recurso de casación, dando un trato discriminatorio a los justiciables que se deban someter a dichos procedimientos, no permitiendo el acceso a tal recurso en que otro juez distinto del que pronunció la sentencia puede conocer de ésta y corregir los errores u omisiones.

En tal sentido, el ser el recurso de apelación el único procedente en contra de la sentencia que falle un reclamo en materia tributaria, bajo el concepto de dar mayor especialización a las Cortes de Apelaciones en materias tributarias y dotar de mayor celeridad dichos procedimientos, no resulta conciliable con el artículo 19 Nº3 constitucional.

Por último, el Tribunal Constitucional señaló que por medio del recurso de casación, los tribunales superiores de justicia corrigen, conforme a derecho las infracciones de ley o los vicios en que pudiere incurrir los jueces de la instancia al dictar sentencia, con lo cual, unifican la jurisprudencia de los tribunales de justicia. Al impedirse por los preceptos legales censurados el recurso de casación se vulnera doblemente el mandato constitucional de establecer un procedimiento racional y justo, por no permitir ejercer las facultades que la ley procesal entrega a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema en materia de casación.

Esta sentencia fue acordada con la disidencia de los Ministros Sres. Gonzalo García y Nelson Pozo y la prevención de la Ministra Sra. María Pía Silva que indicaron que el recurso de casación en la forma es un recurso extraordinario y el acceso a este tipo de recursos no está garantizado ni constitucional ni convencionalmente, no siendo un elemento esencial del debido proceso. Indica también que no se vulnera la igualdad ante la ley, ya que tanto el contribuyente como el Servicio de Impuestos Internos se encuentran privados de recurrir de casación en la forma en las hipótesis planteadas por la recurrente. También señala que el recurso de apelación permite por mandato legal conocer los hechos y el derecho en su máxima amplitud, constituyendo un sistema de revisión completo, y que cualquier vicio formal perfectamente es susceptible de subsanarse por la vía de tal impugnación.