Agromás con Servicio de Impuestos Internos

Proveyendo a los escritos folios 44 y 45: A todo, téngase presente.

Primero: Que el argumento central de la reclamante planteada en su alegato descansa en el hecho que la operación de cesión de créditos realizada se subsumiría dentro de la hipótesis de reorganización empresarial contenida en el artículo 64 inciso 5° del Código Tributario, que la obligaría a fijar como valor de los activos cedidos (créditos de cartera vencida) el tributario, debidamente consignado en su contabilidad y por ello, el Servicio de Impuestos Internos habría obrado contra lege.

Segundo: Que, no obstante que la sentencia de primer grado ha establecido que el Servicio de Impuestos Internos no ha ejercido la facultad de tasar del artículo 64 del Código impositivo, lo que tampoco se puede desprender de la lectura de los actos administrativos impugnados, lo cierto es que la normativa en estudio establece una excepción a la facultad de tasar que dice relación con los procesos de reorganización empresarial. Al efecto, la Circular 67 de 1996 del SII ha establecido que dicha facultad no procede en casos de divisiones, por cuanto la razón es que los traspasos que se efectúan con motivo de ella no son propiamente aportes y, por tanto, no cabe aplicar el artículo 64 del Código Tributario; y tampoco en las fusiones por creación o por incorporación, ya que las sociedades aportantes, al desaparecer no reciben a cambio acciones o derechos de la sociedad que las absorben.

Tercero: Que en el presente caso, aun cuando la reclamante ha recurrido a la figura de la “reorganización empresarial” en términos genéricos, sin explicar en qué consistiría la misma y su finalidad, el mismo artículo 64 del Código Tributario exige, dentro de sus requisitos para asignar el valor tributario o contable de los activos “aportados” a la empresa relacionada, que la operación en cuestión se justifique en una legítima razón de negocios.

En este caso, de la prueba debidamente consignada en el motivo 9° de la sentencia que se revisa, no existe elemento de convicción procesal alguno que conduzca a esta Corte tener por justificada la legítima razón de negocios y que permita entender cómo un activo valorizado contablemente a $10.000, en poco más de cuatro meses sólo se enajena a $37, equivalente a un 0,37%.

Cuarto: Que a la luz de los hechos establecidos en la sentencia, resulta evidente que los activos que se han desvalorizado a un ínfimo valor en un breve período de tiempo (cuentas por cobrar), pese a que la misma cartera vencida enajenada mantenía sus características originales, cuestión que no permite justificar cuál sería la legítima razón de negocios de la operación cuestionada por el Servicio y que provocó una pérdida tributaria de $3.428.566.376, cuyo efecto pretendido era obtener una devolución de Pagos Provisionales Mensuales y Pago Provisional por Utilidades Absorbidas por $328.421.565.

Quinto: Que por último, en relación con la alegación prestada en estrado por la reclamante de haberse aportado las pruebas que justifican los créditos otorgados y que permitirían tener por cierta la partida relacionada con los gastos contabilizados en las cuentas de interés financiero y DC Cuentas con EERR, lo cierto es que el reclamo tributario no desarrolla de manera razonada y concreta la composición de dicha partida y los intereses que habrían generado el gasto cuya deducción se pretende, motivo por el cual, no se tiene por justificada la misma, máxime cuando no se ha acreditado el flujo efectivo de los montos consignados en los créditos contabilizados y que posteriormente habrían sido otorgados a sus clientes.