Inversiones III Limitada con Servicio de Impuestos Internos XV DR STGO Oriente

Proveyendo al escrito folio 30, a sus antecedentes.

I.-En cuanto a la prescripción alegada en segunda instancia:

Primero: Que la parte reclamante y apelante de autos interpone lo que denomina “excepción anómala de prescripción en conformidad al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en relación con la norma del artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, por estimar que han sido infringidos por la extensión prolongada del juicio, lo que implica, por una parte, la insatisfacción jurídica de los derechos sustantivos hechos valer por el contribuyente mediante pretensiones jurídicas claras y, por otra, la vulneración del derecho fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Para tal efecto, indica las fechas relevantes del juicio y la jurisprudencia en apoyo de su tesis, solicitando se la acoja y en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 4146, de 10 de mayo de 2011, por haber transcurrido sobradamente el plazo máximo de seis años que se debe estimar como máximo y razonable para haber sido resuelta válidamente la causa, conforme a las normas invocadas.

Segundo: Que el Servicio de Impuestos Internos al responder el traslado conferido solicita el rechazo de la alegación, manifestando que tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Corte no han establecido un lapso específico para determinar cuál es el plazo razonable del debido proceso y, por el contrario, tanto a nivel nacional como internacional se han determinado criterios bajo los cuales, analizados en el caso concreto, se puede estimar si se respeta o no dicho presupuesto, como son la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes actuación de las autoridades judiciales y públicas en general, los que revisados en el caso particular, pese a la extensa duración de la causa, no configura la causal para extinguir la responsabilidad del contribuyente.

Luego hace presente el derecho de opción ejercido por el reclamante señalando que éste aceptó el reinicio del procedimiento y con ello la pérdida de todo lo obrado ante el Tribunal Tributario del SII, entregando el conocimiento de su reclamo tributario a un órgano totalmente independiente y autónomo como son los Tribunales Tributario y Aduaneros. Por ello, se reinició el cómputo del plazo que regirá el debido proceso, agregando que el único perjudicado con la demora es el Fisco de Chile, citando jurisprudencia de este Tribunal en materias similares.

Tercero: Que con arreglo a la norma del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, referida a las Garantías Judiciales, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La ley chilena no define qué debe entenderse por “plazo razonable” y tampoco señala qué consecuencias se siguen de estimarse vulnerada esta garantía judicial en caso de sobrepasarse dicho término. De producirse esta última situación, la jurisprudencia ha sostenido que el efecto esperable no puede ser otro que la ineficacia de ese procedimiento en que no se ha observado una de las garantías mínimas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.