Inversiones Global Mining (Chile) Limitada con Servicio de Impuestos Internos

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos respecto de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó lo decidido por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, que no acogió el reclamo en contra de una Liquidación emitida por la Dirección Grandes Contribuyentes que determinó diferencias de Impuesto, por no cumplir la venta de acciones con los requisitos para catalogar esa operación como No Renta, que exigía el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El Ente Fiscal denunció infracción al artículo 132 del Código Tributario en relación con los artículos 3, 11, 16, 41 y 51 de la Ley N°19.880, por cuanto señaló que la decisión de la Corte adoleció de errores de derecho al no explicar cómo es que el fallo de primer grado, habiendo apreciado la prueba conforme a sana critica, sería errado en sus conclusiones jurídicas, mas cuando tampoco los Ministros establecieron una diferente valoración de la prueba según sana critica. Por otra parte, el Órgano Fiscalizador denunció infracción al artículo 132 del Código Tributario, en relación con el artículo 21 del mismo cuerpo legal y los artículos 2, 20, 29 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por falta de aplicación de la norma sobre valoración de la prueba que rige en materia tributaria, pues reclamó que la Corte alcanzó sus conclusiones sobre la base de premisas falsas.

Lo anterior, añadió el Servicio, en virtud de que no se cumplieron los requisitos que establece el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para calificar la venta de acciones como Ingresos no Renta, toda vez que se instrumentalizó la Bolsa de Valores. Lo anterior, explicó el Órgano Fiscalizado, no funcionó con normalidad por haber existido entre diversos actores involucrados una concertación ilícita realizada a través de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones en la Bolsa, situación por la que fueron sancionado sus representantes legales por la Superintendencia de Valores y Seguros. La Corte Suprema, luego de haber efectuado un análisis de la Judicatura de Fondo señaló que el Tribunal de Primera Instancia analizó extensamente una Resolución emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros para confirmar que la reclamante no cumplía los requisitos del artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por su parte, afirmó, la Corte de Apelaciones examinó detalladamente la liquidación reclamada y concluyó que adolecía de falta de motivación del Acto Administrativo, lo que afectó su validez. En relación a lo anterior, el Máximo Tribunal arguyó que resultó fundamental para la Corte de Apelaciones hacerse cargo de esas alegaciones, al constatar que en la Liquidación no se habían individualizado las operaciones cuestionadas, ni se había explicitado la forma en que la sociedad habría participado y cómo se habría beneficiado del esquema identificado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Advirtió que lo anterior le permitió inferir que el Servicio simplemente había presumido un actuar ilícito de la contribuyente sobre la base de lo actuado por otra Autoridad de Control y en un procedimiento administrativo en que no intervino. Luego de así razonar, en una argumentación que la Máxima Magistratura compartió íntegramente, la sentencia estableció que el Servicio tampoco logró acreditar el concepto de “instrumentalización de la Bolsa de Valores” que, le habría permitido estimar no cumplidas las exigencias del artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente a la época de los hechos. Agregó la Corte Suprema que, en relación al sistema de la sana crítica, este no entregaba una carta blanca para que se obligara a los jueces a interpretar las normas legales de la forma que planteaba alguna de las partes, de lo contrario no existiría un sistema de valoración de prueba, propiamente tal. Afirmó que, en la sentencia apelada, las Resoluciones acompañadas, por sí solas no fueron suficientes en concepto de los Jueces de Segunda Instancia porque estas no sancionaron a la reclamante, no fue notificada ni oída y porque el Acto Administrativo que dio inicio a la fiscalización careció de una adecuada fundamentación. Finalmente, el Máximo Tribunal declaró que los hechos establecidos en la sentencia de segunda instancia derivaron de la ponderación judicial de la prueba, labor que correspondía privativamente a los jueces y que no era revisable vía recurso de casación en el fondo, salvo que existiera infracción a las leyes reguladoras de la prueba. En este caso, señalaron, no se acreditó tal vulneración, por lo que el recurso de casación fue rechazado.