Durán Guzmán Victor con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional de Iquique.

En estos antecedentes rol N° 5.10.942-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento sobre reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por don Víctor Durán Guzmán, por sentencia de primera instancia de catorce de febrero de dos mil catorce, escrita a fs. 198 y siguientes, se acogió en parte la reclamación deducida por el contribuyente, teniendo por parcialmente justificada la inversión en fondos mutuos del 9 de abril de 2009 por la suma de $50.000.000.- en sólo $35.163.333.- y por no justificado su remanente de $14.836.667; y tuvo por no justificada la inversión en fondos mutuos de 22 de abril de 2009, por la suma de $25.000.000.-, negando lugar a la prescripción invocada.

Dicha sentencia fue apelada por el Servicio de Impuestos Internos y por la parte reclamante a fojas 238 y 251, respectivamente, recursos de los que conoció una sala de la Corte de Apelaciones de 286 que, por sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, escrita a fs. 304, la confirmó en todas sus partes.

Contra esa sentencia, la defensa del contribuyente y la del Servicio de Impuestos Internos dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, que rolan a fojas 287 y 298, respectivamente, los que se trajeron en relación a fs. 326.

PRIMERO: Que por el recurso de casación en el fondo del contribuyente don Víctor Durán Guzmán se ha indicado, en primer término, que en la especie no se está ante un caso de citación obligatoria regulado en los artículos 21 , 22 y 27 del Código Tributario, ni de aquellos que dan lugar al término extraordinario de prescripción del artículo 200 del mismo cuerpo de leyes . Señala el contribuyente que la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, respecto del año tributario 2010, contenida en las liquidaciones 15 y 16, está prescrita, porque ellas se notificaron el 30 de julio de 2013 y, en este caso, no se produce la ampliación de plazo en 3 meses por efecto de la citación realizada, por incumplimiento de lo previsto en el artículo 63 inciso final.

Expone que el plazo de 3 años con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos se inicia con la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago del impuesto, por lo que para determinar diferencias de impuestos por el año tributario 2010, el término vencía el 30 de abril de 2013. Así entonces, como en la especie en la citación emitida no se indicaron determinadamente las operaciones cuestionadas, la ampliación de plazo derivada de ella no se ha producido. Transcribe en apoyo de su tesis la instrucción pertinente del ente fiscalizador: "para que las presunciones del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta puedan tener aplicación, se requiere de una actividad probatoria previa e indispensable por parte de la Administración tributaria, consistente en la probanza de la existencia de ciertas inversiones, gastos o desembolsos efectuados por el contribuyente. En la citación practicada al contribuyente debe expresarse en forma determinada la operación que la motiva, esto es, la inversión, gasto o desembolso. En caso de no ocurrir aquello, los plazos de prescripción no se verán aumentados en los términos del artículo 200 . Y en caso de no obtener antecedentes probatorios, el funcionario debe abstenerse de practicar la citación."

Por eso, para aplicar el artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta, el Servicio de Impuestos Internos debe previamente desplegar una actividad probatoria destinada a establecer la existencia de ciertos y determinados desembolsos, gastos o inversiones realizadas por el contribuyente que se fiscaliza, singularizando la "naturaleza, cuantía y fecha" de los mismos. Esta exigencia no se cumple en la citación de 2 de agosto de 2012, porque ella sólo se limita a identificar la naturaleza, cuantía y fecha en relación a la inversión en bienes raíces, pero respecto de la inversión en fondos mutuos, omite referencia al día y mes de la erogación, indicándose solo "//2009", dato que resulta evidente al tenor del año tributario en revisión. Esto no da cumplimiento al papel del ente fiscalizador de probar la hipótesis de hecho que da origen a la presunción legal de ingresos, ya que se debió identificar el desembolso, gasto o inversión, lo que da cuenta entonces de un vicio que tiene asociada una sanción, como es que los plazos de prescripción no se ven aumentados.

Termina detallando la influencia que los errores denunciados han tenido en lo dispositivo del fallo atacado, y solicita se acoja el recurso deducido, se invalide la sentencia de segundo grado y en la de reemplazo que se dicte, se revoque la de primera instancia en la parte que desestimó la prescripción alegada, dando debida interpretación a las disposiciones que se han indicado como infringidas, con costas.