Aitken Lavanchya Oscar con Servicio de Impuestos Internos.

En los autos Rol N° 92.881-2016 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, el abogado don Jorge Hales de la Fuente, en representación del contribuyente Oscar Aitken Lavanchy, deduce, en lo principal de fojas 270, recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la excepción de prescripción opuesta por el contribuyente en segunda instancia y confirmó el fallo de primer grado que no hizo lugar a la reclamación interpuesta contra las Liquidaciones N° 458 a 463 de 30 de julio de 2009, emitidas por el Departamento de Fiscalización Selectiva, grupo de auditoría N° 4, actual Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas, de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos, que establece diferencias de impuestos correspondientes a primera categoría y global complementario de los años tributarios 2003 a 2005 por un monto de $ 493.540.720.- pesos más reajustes e intereses.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 325.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en un primer capítulo la falsa aplicación del artículo 200 inciso 2 ° del Código Tributario, por cuanto la sentencia cometió errores de derecho al rechazar la prescripción impetrada en su apelación. Sostiene que las liquidaciones materia de la causa se efectuaron fuera del plazo de prescripción de tres años sin existir fundamento alguno que lo autorizara, por cuanto sólo se cita la norma en cuestión sin indicar si el contribuyente no presentó sus declaraciones o si las que presentó serían maliciosamente falsas.

Añade que la calificación de "maliciosamente falsas" que hace la sentencia de las declaraciones de renta del contribuyente sólo compete al Servicio de Impuestos Internos en sede administrativa, lo que nunca se hizo ni tampoco se acreditó la malicia o falsedad en las mismas.

Afirma que la causa no se sustenta en una subdeclaración de ingresos sino en la existencia de gastos y/o desembolsos no justificados en su origen del artículo 70 de la Ley de la Renta, constituidos por cargos o giros en cuenta corriente. Refiere que el artículo 11 de la Ley 19.880 obliga a fundar debidamente el acto administrativo, sin embargo, las liquidaciones no expresan el motivo por el cual el Servicio de Impuestos Internos aplicó el plazo de prescripción de 6 años, sólo se alude a una investigación efectuada por el Departamento de Delitos Tributarios de dicho organismo que determinó que percibió ingresos que no incluyó en sus declaraciones a la renta ni pagó los impuestos, pero en la aludida investigación resultó absuelto en la respectiva causa penal, todo lo cual demuestra que en este caso debió aplicarse el plazo ordinario de prescripción de 3 años contemplado en el inciso 1 ° del artículo 200 del Código Tributario, motivo por el cual las liquidaciones se efectuaron fuera de plazo.

En un segundo capítulo denuncia falsa aplicación del artículo 70 inciso 2 ° de la Ley de la Renta al determinarse un impuesto improcedente. Sostiene que algunas de las partidas liquidadas -las cuales indica- corresponden a cargos o giros efectuados en cuentas corrientes bancarias, pero dichos movimientos no tienen la entidad de un gasto o desembolso a cuyo respecto se pueda exigir justificación de origen de fondos conforme el artículo 70 y 71 de la Ley de la Renta . Agrega, que se pretende aplicar la presunción de renta establecida en la norma en el entendido que simples cargos o giros en cuenta corriente se asemejan jurídicamente a gastos o desembolsos cuya justificación de fondos puede ser requerida por el Servicio de Impuestos Internos.

Afirma que el Servicio debe acreditar la existencia de una inversión, gasto o desembolso del contribuyente, naciendo para este último la obligación de probar el origen de los fondos usados para solventar la primera, pero nada de ello ocurre en la especie, puesto que el fallo da a entender que corresponde al contribuyente demostrar de donde vienen y en que se utilizaron esos recursos, poniendo sobre él una carga probatoria que corresponde al órgano fiscalizador, el cual reconoce que carece de información de aquello, es decir, no puede determinar el destino de los giros o cargos en cuenta corriente. En consecuencia, al no existir inversión, gasto o desembolso identificado existe un yerro en la sentencia.