Carlos Cramer Productos Aromaticos Saci con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 11.877-2014 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, deduce recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 148 el abogado señor Antonio Serrano Reyes, en representación de CARLOS CRAMER PRODUCTOS AROMÁTICOS S.A.C. I, en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó el fallo de primera instancia que había acogido la demanda y, en cambio, negó lugar al reclamo deducido en contra de las liquidaciones N° 353 a 362 de 01 de agosto de 2012, por diferencias por concepto de retenciones de rentas afectas al impuesto adicional, con costas.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 206.

Primero: Que por el recurso se denuncia en un primer capítulo la infracción del artículo 59 inciso 4 N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, la vulneración de los artículos 19 a 24 y 1467 del Código Civil, de los Convenios sobre Doble Tributación con Perú, Colombia y Ecuador, y de los artículos 5 , 6 , 7 , 19 N° 2 , 3 , 63 N° 14 y 65 N° 1 de la Constitución Política de la República . Sostiene el arbitrio que el artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta ha sido interpretado erróneamente y falsamente aplicado ya que su sentido no es claro en aquella parte que establece que para que una operación esté exenta del impuesto adicional debe ser informada al Servicio, y por eso cabe recurrir al espíritu de la ley o a su contexto. Señala, en cuanto a la historia de la disposición, que antes de la modificación contenida en la Ley N° 19.768 las operaciones debían ser autorizadas por el Banco Central y las sumas verificadas por los organismos oficiales, exigencias que fueron eliminadas por la ley mencionada, quedando el Servicio de Impuestos Internos como fiscalizador, debiendo determinar el plazo para informar con el fin de establecer un procedimiento expedito. Así, la historia de la ley permite colegir que se encargó al Servicio de Impuestos Internos la determinación de un procedimiento para que el contribuyente entregue la información para efectuar la fiscalización, y no se buscó el efecto de sancionar al que tardíamente entregue esa información.

En lo relativo al contexto de la norma señala que en el ordenamiento jurídico tributario hay 81 declaraciones juradas que los contribuyentes deben efectuar, algunas cuya presentación fuera del plazo se sanciona en la norma específica y otras en el artículo 97 del Código Tributario . En caso del formulario para la exención del impuesto adicional, la disposición del artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta no castiga la demora en la presentación de la información con la pérdida del beneficio, por lo que sólo se aplica la sanción genérica del N° 1 del artículo 97 del Código Tributario.

Asegura que no es posible que al establecer un procedimiento mediante una Resolución Exenta se pueda consagrar nuevos requisitos o condiciones para el acceso a un beneficio legal, castigándose el incumplimiento de alguno de los elementos con la pérdida del beneficio, puesto que eso atenta contra el principio de legalidad, consagrado en el artículo 7 de la Carta Fundamental en forma general y en materia tributaria en los artículos 63 N° 14 y 65 inciso 2 y 4 N° 1 , todos de la Constitución Política de la República, ya que no puede establecerse un tributo o carga impositiva ni exención sino por medio de una ley. Indica que el espíritu del legislador fue establecer un beneficio debidamente fiscalizado para el extranjero y dar el carácter de infracción tributaria al incumplimiento formal de la entrega de información, pero no se le pretendió catalogar como requisito fundamental para acceder al beneficio otorgado.

Señala que el vicio denunciado tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo ya que de haberse aplicado correctamente la norma del artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta no se habría revocado la sentencia, ni se habría atentado contra el principio de legalidad.

En el segundo apartado del recurso se denuncia la infracción del artículo 5 de la Constitución Política de la República en relación con la correcta aplicación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación, ya que en caso de perderse la exención la normativa nacional debe aplicarse integrada con los convenios. Afirma que los tratados internacionales se incorporan al sistema jurídico con valor de ley, primando sobre aquella que esté vigente y que pueda ser incompatible, de lo que sigue que son autoejecutables y no requieren de normas mínimas de procedencia. Enseguida explica que acompañó los convenios sobre la materia suscritos con Perú, Colombia y Ecuador, por lo que deben aplicarse sin más formalidad que se acredite que los receptores de las rentas son residentes de esos países, de manera que debe establecerse si la renta que se paga es o no un beneficio empresarial. En este caso, es un hecho de la causa que los pagos al exterior son por comisiones por intermediación, y que las empresas que prestan esos servicios lo hacen en el extranjero, sin usar un establecimiento permanente, por lo que se trata de beneficios empresariales que sólo tributan en su país de residencia.