Airolite S.A. con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional Centro.

En estos autos rol Nº 12.204-2018, se ha tramitado un procedimiento de reclamación tributaria, en el que la parte reclamante Airolite S.A., en lo principal de sus presentación de fojas 311, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que se lee a fojas 309, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El citado fallo, confirmó la sentencia de primer grado, de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, escrita a fojas 238, pronunciada por el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, por la que se rechazó el reclamo deducido en contra de la Resolución Exenta N° 65 , de 26 de mayo de 2012, dictada por el Servicio de Impuestos Internos (en lo sucesivo S.I.I.), que negó lugar a devolución solicitada por el contribuyente por concepto de pagos provisionales por utilidades absorbidas por un moto $ 63 millones, correspondiente al año tributario 2011.

A fojas 364, se dispuso traer los autos en relación.

PRIMERO: Que en su arbitrio de nulidad sustancial la reclamante denuncia como infringidos, en primer término, los artículos 21 , 22 , 59 , 63 , 64 y 200 , todos del Código Tributario; 19 y 20 del Código Civil, en relación con los artículos 3 , 13 , 53 y 61 , todos de la Ley N° 19.880, vinculados a su vez con los artículos 17 y 21 del Código Tributario y 29, 30, 31 inciso primero, y N°3 y 5 ° , 65 y 69 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Al efecto, refiere que Servicios de Impuestos Internos estaba inhibido de exigirle a la sociedad reclamante que pusiera a disposición documentos y antecedentes que se encuentran fuera de los plazos de prescripción de la acción fiscalizadora en los términos previstos en los artículos 17 , 63 y 200 del Código Tributario -tres años, ampliables por tres meses más, contados desde la citación del contribuyente-.

Razona que de haberse efectuado una correcta interpretación de los preceptos legales citados -a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 del Código Civil-, se habría concluido que el S.I.I. estaba inhibido para requerirle a la sociedad reclamante los libros contables y documentación de respaldo que excedieran el plazo de tres años desde la fecha de la presentación de la declaración objetada.

Argumenta que, por lo demás, nadie puede actuar válidamente en contra de sus propios actos, por lo que, habiendo el S.I.l. conciliado el valor de costo del activo fijo y autorizado las devoluciones de impuestos solicitadas por los años tributarios 2002, 2004 y 2005 y, además, reconociendo y aceptando la procedencia de la deducción a la renta líquida imponible la cuota anual de depreciación correspondiente al bien raíz construido por la sociedad impugnante, no existe fundamento legal alguno para rechazar y desconocer el costo del activo fija enajenado en el año 2010.