Inmobiliaria N L S.A. con Servicio de Impuestos Internos **

En estos autos ingreso N°49680-2016, rol de esta Corte Suprema, seguidos en procedimiento general de reclamación tributaria, por sentencia de once de diciembre de dos mil quince, el Director Regional Metropolitano Santiago Centro, rechazó el reclamo intentado por la sociedad Inmobiliaria NL S.A., contra la Resolución Ex 3485/400 de 7 de julio de 2011, que declaró improcedente la pérdida tributaria declarada el año tributario 2008 por la suma de $1.326.282.540.

Apelada esta resolución por la reclamante, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó, decisión en cuya contra la contribuyente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que se ordenaron traer en relación a fojas 398.

En cuanto al recurso de casación en la forma Primero: Que el arbitrio de casación formal denuncia el vicio de ultrapetita por haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos al conocimiento del tribunal, debido a que la controversia radicaba en la efectividad de la pérdida de arrastre por $1.326.282.540, no obstante lo cual, el reclamo fue desestimado por no existir antecedentes que ameritaran razonablemente la venta de las acciones que originaron la aludida pérdida en la suma de $1, lo que excedió lo debatido, pues sólo se habían solicitado antecedentes de respaldo de la pérdida, más no la justificación económica de la misma.

Segundo: Que, en reiteradas oportunidades se ha resuelto que el vicio de "ultrapetita" se produce cuando el fallo se aparta de los términos en que los litigantes sitúan la controversia mediante sus acciones, excepciones y defensas, con alteración de su contenido, cambio de su objeto o modificación de la causa de pedir; igualmente, cuando el ente jurisdiccional otorga más de lo pedido por los contradictores en sus respectivos escritos de la etapa de discusión, actuaciones procesales que fijan la competencia del tribunal o cuando, en otra hipótesis, se emite pronunciamiento acerca de cuestiones no sujetas a la decisión del tribunal.

Tercero: Que la Resolución Ex 3485/400 de 7 de julio de 2011 reclamada, declaró improcedente la pérdida tributaria declarada por la contribuyente el año tributario 2008 por el monto $1.326.282.540 y como consecuencia de aquello su deducción como gasto del mismo año tributario, debido a que ésta no se encontraría debidamente acreditada a través de la documentación acompañada.

Al desestimar el reclamo entablado, en lo que concierne a esa pérdida, los tribunales confirmaron su improcedencia, por lo que no han incurrido en ultrapetita, que importaba dar al Servicio más de lo que procuraba, por cuanto, precisamente el sustento para no dar lugar a la devolución, fue la falta de demostración de la procedencia de la misma, lo que guarda relación con la interlocutoria de prueba de fojas 89, que estableció como hecho controvertido "la procedencia y efectividad de la pérdida tributaria de ejercicios anteriores por un monto de $1.326.282.540", conceptos que comprenden no sólo su procedencia sino también la cuantía de la misma. De lo anterior, aparece con claridad que el asunto en cuestión -cuantía de la pérdida tributaria- fue motivo del asunto debatido en este juicio y además objeto de la prueba rendida en el mismo, por lo que el recurso de casación en la forma parte de supuestos inconcurrentes, motivo suficiente para su rechazo.

En cuanto al recurso de casación en el fondo Cuarto: Que el escrito de casación en el fondo denuncia tres vulneraciones de derecho, la inicial proclama la errónea aplicación de los artículos 59 inciso 1 ° y 200 del Código Tributario, en relación con el artículo 31 inciso 3 ° número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, pues el Servicio de Impuestos Internos estaba impedido de revisar declaraciones anteriores al año tributario 2008, por encontrarse la acción fiscalizadora prescrita. Denuncia que el fallo impugnado, desatiende lo ordenado por los artículos 59 y 200 inciso primero del Código Tributario, por tratarse de pérdidas de arrastre previas al año 2008 y deja a su vez de aplicar el mencionado artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta.