Agricola Ganadera y Forestal Paillahuinte LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol N° 2835-2010 la reclamante Agrícola Ganadera y Forestal Paillahuinte Ltda. interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que confirmó el fallo del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Los Ríos, que rechazó la excepción de prescripción alegada y que acogió en parte el reclamo deducido contra la Resolución Exenta N° 245 de 2008, esto es, rebajando del total de gastos rechazados la cantidad de $ 4.177.585, desestimándolo en lo demás.

Primero: Que, en primer término, el recurso de nulidad sostiene que la sentencia impugnada incurrió en yerro jurídico en la aplicación de normas sobre prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, invocando para ello los artículos 2 , 59 , 136 , 200 del Código Tributario y 2514 , 2521 y 2523 del Código Civil.

Expresa que se vulnera el artículo 200 inciso primero del Código Tributario, puesto que la acción de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto a las declaraciones de impuestos presentadas por la sociedad reclamante para los años tributarios 2000 a 2004 se encontraba prescrita, ya que pretende revisar las pérdidas generadas en esos ejercicios, es decir, pérdidas de arrastre, fuera del plazo máximo de prescripción, en la especie de tres años contados desde que debió declarar el respectivo impuesto a la renta.

Propugna en lo concerniente a los artículos 2 ° del Código Tributario y 2514 , 2521 y 2523 del Código Civil que el fallo impugnado no advirtió que para todas las materias que no se deriven de un giro o liquidación, como lo es una resolución, existe silencio del legislador tributario respecto a la aplicación de reglas interpretativas. Así, sostiene que debía concluirse que la prescripción que corre en contra del Fisco es siempre procedente. Plantea que es contrario a derecho que actos, contratos u operaciones acontecidas hace más de tres años puedan ser válidamente revisadas por el Fisco, al igual que las declaraciones de impuestos, de suerte que si ellas no fueron objeto de reparo en dicho lapso su contenido se reputa como íntegramente consolidado.

Menciona que de acuerdo al artículo 136 del Código Tributario el juez se encontraba en la obligación de declarar de oficio la prescripción, conforme a los argumentos referidos. En el mismo sentido, indica que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 del mismo cuerpo legal el Servicio de Impuestos Internos sólo podía examinar y revisar las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes dentro de los plazos de prescripción.

Segundo: Que en un segundo capítulo el recurso de nulidad sostiene que la sentencia cuestionada incurrió en error jurídico en la interpretación del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, toda vez que el fallo desestimó la alegación de su parte que intenta demostrar la relación que existe entre dicha norma y el artículo 31 de la misma ley . En efecto, señala que si se trata de una sociedad de personas se presumirá que las cantidades representativas del gasto impugnado han sido retiradas por los socios según la participación que les corresponda y les determinará diferencias a pagar a nivel de tributación personal, esto es, gravándolos con Impuesto Global Complementario o Adicional según corresponda; en cambio, si se tratare de una sociedad anónima se aplicará el impuesto especial del artículo 21 que tiene una tasa de 35% sobre el monto al que asciende él o los gastos rechazados. Dicha tributación, continúa el recurrente se aplicó en el caso concreto, pues luego de que se dictara la resolución que rebajó la pérdida tributaria, la Dirección Regional Valdivia comunicó ese hecho a la Dirección Regional Santiago Oriente para que procediera a emitir liquidaciones de impuestos a los socios de la reclamante. Así, establecida la relación entre las referidas disposiciones, asevera que el artículo 21 del D.L. N° 824 contempla un régimen excepcional aplicable a sociedades que desarrollan sus actividades en lugares rurales tal como indica su inciso final al disponer: "En caso de contribuyentes que realicen actividades en lugares rurales, no se considerará retiro el uso o goce de los activos de la empresa ubicados en esos lugares", lo cual significa que a la reclamante respecto del uso de las instalaciones que en el predio existen, tales como casas patronales, casas de inquilinos u otras, no se le aplica la presunción de retiro, a diferencia del resto de los contribuyentes por el uso personal de los bienes sociales ubicados en el lugar donde se desarrollan las actividades. En suma, afirma que el tratamiento de esos bienes a fin de calificarlos como gastos rechazados se sustrae del régimen establecido en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Tercero: Que en el mismo capítulo el recurso expresa que tratándose de sociedades agrícolas el ordenamiento jurídico reconoce reglas especiales, siendo aplicable además del artículo 20 N° 1 del D.L. N° 824 el Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el D.S. de Hacienda N° 1139 publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991. Asevera que de acuerdo al artículo 2 N° 4 de dicho Reglamento, se entiende por activo fijo o inmovilizado los bienes destinados a una función permanente de la actividad agrícola, tales como predios, construcciones, derechos de aprovechamiento de aguas, obras de regadío y drenaje, captaciones de agua, silos, casas patronales y de inquilinos, etc. Expone que se vulnera la ley, pues en vista que la casa patronal se trata de un activo fijo conforme al artículo 2 N° 4 del Reglamento y complementario del artículo 20 N° 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, los gastos asociados a ese activo fijo pueden ser considerados como necesarios y por tanto debían ser aceptados. Indica que de acuerdo a la disposición reglamentaria se entiende que una casa patronal se encuentra destinada permanentemente a la actividad agrícola y al contrario de lo fallado, no se pierde la calidad de activo fijo de una empresa agrícola por el hecho de que el bien sea utilizado temporalmente en las vacaciones.