Inmobiliaria e Inversora Prima LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 2840-2012 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria iniciado por el contribuyente Inmobiliaria e Inversora Prima Limitada, se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de primera instancia, por el que se resolvió rechazar en todas sus partes el reclamo interpuesto contra la Resolución N° 5727, en que se deniega la devolución solicitada por el contribuyente de un saldo a favor ascendente a $44.381.469, por concepto de pago provisional por Impuesto a la Renta de Primera Categoría del Año Tributario 2006, de utilidades absorbidas, al no haberse acreditado la pérdida tributaria declarada por la suma de $295.876.463.-

A fojas 264 se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que por el recurso de nulidad sustantiva se denuncia en un primer acápite que la sentencia impugnada ha incurrido en error de derecho al decidir que la recepción de la causa a prueba es una facultad con la que cuenta el Director Regional al actuar como juez tributario, en circunstancias que en el presente caso debió hacerlo por imperativo legal.

Señala que la infracción denunciada se verifica porque el artículo 132 del Código Tributario establece expresamente en su inciso primero que se debe recibir la causa a prueba siempre que existan antecedentes que deban ser ponderados, como ocurre en estos autos, desde que se plantea una controversia referida a elementos fácticos, los que debían ser acreditados por el contribuyente conforme lo dispuesto por el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO: Que en un segundo capítulo denuncia la infracción de los artículos 342 , 346 y 348 del Código de Procedimiento Civil, a los que se les atribuye la calidad de leyes reguladoras de la prueba, que habrían sido vulnerados, pues, al existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, correspondía que éstos fueran acreditados o desvirtuados por las partes, de forma tal que al impedírsele probar que la pérdida tributaria correspondiente al Año Tributario 2006 era la situación fáctica que permitía la devolución de los pagos provisionales, por utilidades absorbidas realizadas en el mismo período tributario, ha quedado en la indefensión y sin la posibilidad que los jueces del grado pudieren arribar a una convicción distinta de la concluida por el juez de primera instancia, ya que no se le otorga la oportunidad procesal para hacerlo. Agregando que la prueba documental aportada por su parte al momento de presentar el reclamo no fue considerada.

TERCERO: Que, finalmente, el recurrente sostiene que se ha vulnerado el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, yerro que a su entender se manifiesta porque la sentencia dictada en primera instancia no contó con un proceso previo legalmente tramitado, porque no se recibió la causa a prueba, lo que acarreó que el contribuyente no pudiera tener una adecuada defensa, toda vez que se vio privado de la producción de la prueba necesaria, libre y eficaz que demostrara las pretensiones que hizo valer en su reclamo.

CUARTO: Que al explicar la forma cómo los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el recurrente indica que la correcta aplicación de las normas infringidas habría permitido concluir que era absolutamente necesaria la recepción de la causa a prueba y, en tal caso, lo que la Corte de Apelaciones tuvo que resolver fue que los autos debían volver a primera instancia para que se abriera un término probatorio.