Roberto Paredes Orellana con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol Nº 3350-2009, el contribuyente, don Roberto Paredes Orellana, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que confirmó la de primera instancia pronunciada por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la Sexta Dirección Regional que rechazó el reclamo interpuesto en contra de las liquidaciones de impuestos por diferencias de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta.

Primero: Que, en primer término, el recurrente atribuye a la sentencia impugnada la errónea interpretación del artículo único de la Ley N°

18.320 sobre Incentivo al Cumplimiento Tributario, que establece un régimen excepcional de fiscalización en beneficio de los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado. Expone que el N° 4 del artículo único dispone, en lo pertinente, que el Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo fatal de seis meses para practicar una liquidación al contribuyente, contados desde el vencimiento del plazo para presentar los antecedentes que le hubieren sido requeridos. A su vez, el N° 3 del precepto contiene una serie de excepciones en orden a facultar al Servicio para examinar todo s los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario . Entre las exclusiones, están las situaciones de infracción a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal. Sostiene que se estará en presencia de esta última hipótesis, desde el momento en que el Director Regional respectivo decide, al menos, perseguir la aplicación de sanciones pecuniarias a través del procedimiento instaurado en el artículo 16y siguientes del Código Tributario, circunstancia que no ha acontecido en la especie.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma el recurso, no se vislumbra la razón por la cual el juez tributario no declaró de oficio prescrita la facultad del Servicio de Impuestos Internos para liquidar impuestos, acorde lo ordena el artículo 136 del Código del ramo, cuya falta de aplicación también denuncia;

Segundo: Que, enseguida, acusa la vulneración del artículo 200 del Código Tributario . Indica que la aplicación del plazo de prescripción de seis años supone la condición de ser las declaraciones maliciosamente falsas. Ello significa que no basta que en las declaraciones de impuestos se consignen datos no verdaderos, sino que además se requiere que esta falsedad sea maliciosa, es decir, que sea producto de un acto consciente del declarante en cuanto supo o no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se ajustaba a la verdad. Precisa que dicha circunstancia debe ser acreditada por el Servicio de Impuestos Internos, pues atendidas las expresiones utilizadas por el legislador, en principio, debe presumirse que los antecedentes incorporados en una declaración que no se ajustan a la verdad, se han originado en un error involuntario del contribuyente, a su descuido, o aún a su negligencia, pero no a su mala fe. Añade que el inciso segundo del artículo 200 no ha establecido una presunción de mala fe.

Indica que en armonía con lo preceptuado en el artículo 707 del Código Civil, lo que debe presumirse es la buena fe y, por consiguiente, corresponderá al Servicio acreditar lo malicioso de la falsedad;

Tercero: Que alega como último error de derecho la equivocada interpretación del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, pues la falta de cumplimiento de los requisitos o resguardos establecidos en esa disposición no transforman una fac tura en falsa, sino que sólo priva al contribuyente de la utilización del crédito fiscal correspondiente;