Cultivos Marinos Internacionales Inversiones S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol de esta Corte Suprema 33.564-2018, referidos a un procedimiento de reclamación iniciado por Cultivos Marinos Internacionales Inversiones S.A, por fallo de catorce de abril de dos mil quince, escrito a fojas 119 y siguientes, el señor Director Regional Metropolitano Santiago Oriente, del Servicio de Impuestos Internos hizo en parte lugar al reclamo, modificando la Resolución Exenta Nº 4.027 de 10 de mayo de 2010, emitida por el Primer Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas, en aquella parte no modificada por la Resolución Exenta Nº 7.612, de 3 de octubre de 2011, en el solo efecto de rebajar la pérdida declarada en el Año Tributario 2010 a la suma de $8.890.125.130, confirmándola en el resto.

Apelada esta sentencia por la reclamante, la Corte de Apelaciones de Santiago por dictamen de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, escrito a fojas 214 y siguientes, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia por la reclamante, omitiendo pronunciamiento respecto a la apelación del fallo de primer grado.

Contra este último pronunciamiento, el Fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, dedujo recurso de casación en el fondo, según se lee a fojas 222, para cuyo conocimiento se ordenó traer los autos en relación por resolución de 30 de enero de 2019.

Primero: Que, en el recurso de casación en el fondo propuesto, se denuncia la infracción a las normas que gobiernan y regulan la suspensión de la prescripción tributaria aplicando el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dejando de aplicar el inciso final del artículo 201, en relación al artículo 200 y 24 , todos del Código Tributario; y, al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la controversia relativa a la apelación, en relación con la obligación del artículo 31 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, respecto a los gastos de naturaleza tributaria, todo ello referido al artículo 21 del Código Tributario tal como lo estableció la sentencia de primer grado.

Expone que, contrario a lo que concluyó el fallo de segundo grado, no hubo paralización de la causa por razones que resulten imputables al Servicio de Impuestos Internos "en adelante el Servicio" sino que, lo que realmente transcurrió fue un plazo razonable para arribar a la convicción, a la que en definitiva llegó el tribunal. Durante la tramitación estuvo suspendida la prescripción, por expresa aplicación del inciso final del artículo 201 del Código Tributario, mientras el Servicio se encontraba impedido de girar los impuestos pertinentes.

Agrega que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte que cita, el plazo razonable para el juzgamiento de una causa tributaria compleja constituye un concepto jurídico indeterminado, el cual carece de delimitación legal, incurriéndose por tanto en los errores de Derecho que refiere. Expone que, el concepto de la garantía de ser juzgado dentro un plazo razonable, encierra un concepto jurídico indeterminado, careciendo de baremos específicos dentro de los cuales se encuadre su aplicación y, por tanto, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como plazo razonable.

Reitera el reproche a la inexistencia de un baremo específico, el cual logre encuadrar la aplicación de lo que debe entenderse como plazo razonable, a efectos de aplicar lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en relación a lo anterior, cabe destacar que el presente caso fue tramitado de acuerdo a las normas anteriores a la vigencia de la Ley 20.322, razón por la cual, en primera instancia la única parte estaba constituida por el reclamante, que era quien tenía la carga del impulso procesal respectivo en la presente causa, por lo que es posible observar que la reclamante mantuvo una conducta en la cual no se observa ningún interés por dar impulso al procedimiento, limitando sus actos procesales a la presentación de su reclamo, formulación de observaciones al informe del fiscalizador y, posteriormente, el recurso de apelación. Explica que, de haberse cumplido con el estándar de la ley tributaria, la conclusión debió ser diferente, esto es, debió desestimarse lo alegado en el recurso apelación por insuficiencia de la prueba rendida en el proceso, tal como concluyó el tribunal de primera instancia y, como consecuencia de ello, confirmar la sentencia de primer grado que dio lugar en parte el reclamo subsidiario presentado, ordenando modificar la Resolución Exenta Nº 4.027 de 10 de mayo de 2011, por lo que solicita invalidar la sentencia y dictar sentencia de reemplazo que confirme la sentencia de primer grado, con costas.