Ernesto Weinberg R. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol Nº4331-2009 el contribuyente don Ernesto Weinberg Ruthenberg dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmatoria de la de primera instancia del juez tributario de la misma ciudad, que no hizo lugar a la reclamación deducida confirmando las liquidaciones números 1066 a 1077 por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los períodos tributarios agosto a diciembre de 1992 y enero a mayo de 1993 y Primera Categoría y Global Complementario del año tributario 1994.

Primero: Que el recurso denuncia infracción del artículo 21 del Código Tributario y 23 Nº5 del Decreto Ley 825 en relación con las normas reguladoras de la prueba, y al explicar la forma como se produjo señala que esa parte acreditó con los medios que dispone la primera de las normas legales, incluso antes del término probatorio, que cada una de las operaciones de que dan cuenta las facturas objetadas fueron efectivamente realizadas.

Segundo: Que el fallo de primer grado que hace suyo el de segunda instancia, no efectuó ?dice el recurso- el más mínimo análisis de la prueba aportada por el contribuyente, el que de haberlo efectuado habría concluido acogiendo su reclamación; sostiene que las facturas no fueron impugnadas por alguna causal contemplada en la segunda de las normas legales infringidas, esto es el artículo 23 Nº 5 del D. L.

Nº 825, ya que corresponden a operaciones efectivamente realizadas cuyo precio fue pagado, por lo que no se produjo ningún perjuicio al interés fiscal, lo que se acreditó con lo s documentos acompañados consistentes en copia de los cheques nominativos a favor de las personas que emitieron las respectivas facturas, los que en su anverso registran la anotación del número de la factura respectiva y que fueron cobrados por las personas emisoras o en algunos casos por mandatarios de éstas.

Tercero: Que el recurrente agrega que lo relacionado lleva a concluir que se acreditó fehacientemente la existencia de las operaciones de que dan cuenta las facturas objetadas, es decir que ellas son reales y fidedignas, pero la sentencia de primera instancia confirmada por el fallo recurrido de segundo grado, al infringir las normas de los artículos 21 del Código Tributario y 23 N° 5 del D.L. 825, tiene por irregulares las facturas al considerar que éstas no se encuentran registradas en la contabilidad del contribuyente, estando obligado a ello y por tanto han rechazado su reclamación, agregando exigencias no señaladas en la última de las normas legales citadas.

Cuarto: Que el artículo 23 Nº5 del Decreto Ley Nº825 sobre IVA dispone que no darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes del mismo impuesto. A continuación establece que lo anterior no se aplica cuando el pago de la factura se haga cumpliendo los requisitos designados con las letras a) y b).

Luego el artículo se refiere al caso de que con posterioridad al pago de una factura ésta fuere objetada por el Servicio, en que se pierde el derecho al crédito fiscal que ella hubiere originado, a menos que se acredite, a satisfacción del mismo Servicio, cinco estrictos requisitos.