Jaime Espinoza Brenet con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol 10.225-2007 de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Temuco, Rol N° 4530-12 de esta Corte Suprema, iniciados mediante reclamación interpuesta por Jaime Espinoza Brenet en contra de las Liquidaciones N°s 172 a 195, de 14 de marzo de 2007, por sentencia de primera instancia de treinta y uno de mayo dos mil once, escrita a fojas 58 y siguientes, se rechazaron las alegaciones formuladas por el referido contribuyente a través del recurso de apelación, resuelto por la Corte de Apelaciones de Temuco por sentencia de dos de mayo de dos mil doce, escrita a fojas 157, la que confirmó en todas sus partes lo decidido en primera instancia.

En contra de esta última sentencia, el contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo por presentación de fojas 159.

Primero: Que el primer capítulo del recurso de nulidad sustancial denuncia como infringidas las normas reguladoras de la prueba, citando al efecto los artículos 1698 , 1700 , 1702 , 1712 y 47 del Código Civil, 341, 346, inciso primero del artículo 427 e inciso primero del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, 21 y 86 del Código Tributario y 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos, explicando que la sentencia de primera instancia, hecha suya por la de segunda, no le ha dado el valor probatorio que la ley señala a la prueba rendida en autos, además de omitir la valoración a parte de ella y que fuera acompañada por su parte, antecedentes que permitirían justificar las inversiones objetadas por la autoridad fiscalizadora.

Precisa el recurso que se han vulnerado los artículos 1698 de Código Civil y 341 del Código de Procedimiento Civil, pues con la prueba documental acompañada y el informe de un ministro de fe, se debió haber tenido por justificadas las inversiones realizadas el año 2003, más aún cuando la contabilidad no fue objetada ni declarada indigna de fe.

Citando al efecto los artículos 1702 y 1700 del Código Civil, plantea que con los documentos privados acompañados se debió haber tenido por establecido que el contribuyente efectuó, en los años 2002 a 2004, actividades que le permitieron justificar las inversiones desarrolladas entre los meses de junio a diciembre de 2003, conclusión contraria a la que llegan los sentenciadores del grado, lo que se explica en el hecho de no haber ponderado el formulario computacional renta F/22, el folio 22029692 AT 2001; la carilla de información de ingresos AT 2004; las fotocopias simples de libro diario año 2003; el libro mayor años 2002 a 2004; el inventario y balance del ejercicio comercial 2002. Agrega sobre estos documentos que si bien son ponderados en los fundamentos 27 a 30 del fallo de primera instancia, se yerra al afirmar que no existía justificación del origen de los fondos y que ellos se encontraban disponibles.

Añade que la información contenida en los documentos referida a los retenedores del año tributario 2004 y 2005; detalles de PPM año 2004; enajenación de bienes raíces y antecedentes comerciales anotados en el libro diario 2002, no fue valorada, misma situación que sucede respecto del ejercicio tributario 2002, pues de haberse hecho no solo se acreditaba el origen de los fondos, sino que también su disponibilidad, por lo cual al resolver como lo hizo el sentenciador del grado infringió, además de las normas referidas, el artículo 21 del Código Tributario.

Refiere que también se vulneraron los artículos 427 y 426 de Código de Procedimiento Civil, 1712 del Código Civil, 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos y el artículo 86 del Código Tributario, pues habiéndose reconocido en el informe emitido por el fiscalizador el origen de los fondos, luego el reproche se formula por no haber acreditado la disponibilidad de los mismos, cuestión que importa hacer una valoración parcial del informe en cuestión.