Illanes Piedrabuena Jaime Antonio con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 5.316-2016 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, deducen recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 1543 los abogados señores Guillermo Piedrabuena Richard y Guillermo Piedrabuena Keymer, en representación del reclamante señor Jaime Illanes Piedrabuena, contra la sentencia de seis de noviembre de dos mil quince, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó las de primer grado que, a su vez, rechazó las reclamaciones interpuesta contra las Liquidaciones N° 481, 482 y 483, todas de fecha 28 de mayo de 2004, generadas por diferencias de impuesto global complementario correspondiente a los años tributarios 1997, 1998 y 1999 y contra los giros contenidos en los formularios 21, folio 7, N°s 100605665-9, 100605765-5, 100605945-3 y 100605985, emitidos el 25 de agosto de 2010, referentes al cobro de reajustes, intereses penales y multa por el período transcurrido entre el 21 de diciembre de 2004 y el 16 de octubre de 2009, con declaración de que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante el período comprendido entre las fechas en que se presentó el reclamo por primera vez y la que lo tuvo por definitivamente interpuesto, vale decir, entre el 28 de julio de 2004 y el 16 de octubre de 2009 y revocó la parte de la sentencia que condenaba en costas, liberando a la parte de esa carga respecto de la sentencia de treinta de junio de dos mil diez.

Se trajeron los autos en relación para conocer de ese recurso, tal como se lee a fs. 1616.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la violación de las leyes reguladoras de la prueba y antecedentes probatorios de la causa, señalando que el fallo se limita a disponer que de acuerdo a las normas de la sana crítica su mérito se conforma con las conclusiones probatorias de la sentencia de primera instancia, pero esta última consideró documentos acompañados a la reclamación tributaria de julio de 2004, algunos de ellos que no fueron remitidos a segunda instancia, anulándose lo obrado por la Corte, concluyendo que entre 2004 y 2009, no hubo prueba documental de la reclamante hasta el año 2010 y el Servicio de Impuestos Internos no ordenó traer a la vista los antecedentes adjuntados a la fiscalización ni la documentación en que se ampara la imputación, haciendo presente que el reclamante rindió prueba documental individualizada a fs. 1184 que no se enviaron a la custodia de Secretaría, vulnerando el derecho a defensa.

Expresa que al anularse por la Corte todo lo obrado también se anuló el primer informe del fiscalizador, sin que en el segundo informe evacuado por este funcionario se adjuntara documentación por lo que éste se funda en sus propios dichos.

Sin perjuicio de lo señalado, manifiesta que la reclamante en segunda instancia acompañó una abundante prueba documental, parte de la cual se encuentra enumerada en el considerando vigésimo sexto del fallo dictado por la Corte, pero que no fue ponderada de conformidad a las regla del Código de Procedimiento Civil, refiriéndose en el considerando vigésimo séptimo a la valoración de los documentos conforme a las reglas de la sana crítica, concluyendo que la sentencia incurre en un error al no aplicar las normas generales del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1698 , 1699 y 1700 del Código Civil y 21 inciso 2 del Código Tributario que obligan al Servicio de Impuestos Internos a probar la obligación tributaria, como también los artículos 341 del Código de Procedimiento Civil y 1712 y 47 del Código Civil, al considerar medios probatorios que no fueron incorporados al proceso en forma legal.

Además, señala que la sentencia de segunda instancia infringe el artículo 132 inciso antepenúltimo del Código Tributario y las normas del Código Civil y Código de Procedimiento Civil que establecen el valor probatorio de los medios de prueba, pues la norma de la sana crítica sólo rige a contar del 01 de febrero de 2013, siendo que la reclamación se presentó el 2004 y fallada el 2010, luego de haberse anulado, por aplicación de los artículos 1 y 2 transitorio de la Ley 20.322, expresando que ni siquiera cumple con las normas de la sana crítica pues la fundamentación dada por la Corte en el considerando vigésimo séptimo no constituye un razonamiento jurídico, haciendo presente que resulta contradictorio, pues el sentenciador de primera instancia apreció la prueba conforme a las reglas generales.

También hay una infracción a las normas reguladoras de la prueba testimonial rendida, pues los testigos del reclamante no fueron tachados y el juez de primera instancia descalifica su valor probatorio por no tener imparcialidad suficiente al ser dependientes de Jaime Illanes y Asociados Consultores S.A., haciendo suyo estos argumentos la Corte. Por lo anterior, se vulneran los artículos 384 N° 1 y 2 en relación al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no se ha aceptado que tengan valor probatorio por controvertir un hecho respecto del cual el tribunal no acepta prueba en contrario, cual es la dependencia del reclamante a la sociedad D & M Chile Ltda, concluyendo que también se han vulnerado los artículos 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1698 inciso 2 del Código Civil, por haberse excluido prueba testimonial en circunstancias que la ley la permite, atendido que no fueron probadas las inhabilidades.