Ximena Cecilia Laurel Rodriguez con Servicio de Impuestos Internos

En autos Rol N° 10.068-2010 R.L., conocidos en primera instancia por el Director Regional de la Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente, del Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil doce, escrita de fs. 75 a 81, se desestimó la reclamación presentada por la contribuyente Ximena Cecilia Laurel Rodríguez, en contra de las Liquidaciones N°s. 109, 110, 111 y 112, todas de 15 de junio de 2010, por concepto de Impuestos a la Renta de Primera Categoría , Global Complementario , y Reintegro Devolución Indebida , año tributario 2008, e Impuesto a las Ventas y Servicios, período tributario marzo de 2007, al no acreditar el origen de los ingresos con que efectuó inversiones en fondos mutuos.

Apelado este fallo por la reclamante, la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel lo confirmó por resolución de nueve de julio de dos mil trece, rolante a fs. 107, pronunciamiento contra el cual la misma parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en lo principal de fs. 109, el que esta Excma. Corte Suprema ordenó traer en relación a fs. 136.

1° Que el recurso de casación en el fondo interpuesto desarrolla en tres capítulos las infracciones que su patrocinante denuncia a los artículos 70 , incisos 2 ° y 3 ° , de la Ley sobre Impuesto a la Renta , y 21 y 24 , inciso 4 ° , del Código Tributario.

En el primer capítulo del arbitrio se acusa la errónea aplicación del artículo 70 , inciso 2 ° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al pretender el Servicio que la contribuyente acredite la disponibilidad y no el origen de los sumas con que el año 2007 hizo una inversión en fondos mutuos por $45.000.000.-, exigencia que han hecho suya la sentencias de primera y segunda instancia. Agrega que el Servicio solicitó tácitamente a la reclamante que le demostrara la disponibilidad de los fondos a través de una cuenta en su contabilidad denominada "retiro socia". Al respecto, pide tener presente el impugnante que se trata de una comerciante menor que tributa como persona natural, y arguye que la no contabilización de dichos ingresos como cuentas de activos o retiro socia no priva del carácter de justificado al origen de los ingresos utilizados para financiar los fondos mutuos cuestionados, aunque se pueda debatir sobre su disponibilidad. De esa manera, sigue el compareciente, lo importante al efecto es que la propia fiscalizadora del Servicio reconoce que los ingresos provenientes de las facturas individualizadas en el reclamo pagaron el respectivo IVA, así como también el impuesto a la renta correspondiente al año tributario en que se ingresaron a la contabilidad de la empresa, aunque su retiro para ser invertido a nombre de la misma señora Ximena Laurel Rodríguez no haya figurado en una "cuenta retiro socia", lo que la ley no exige.

En el segundo capítulo del arbitrio, protesta el recurrente por la errónea aplicación del artículo 70 , inciso 3 ° , de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del artículo 21 del Código Tributario, en relación con lo antes expresado, pues el Servicio interpreta aquel precepto a contrario sensu para concluir que el contribuyente obligado a llevar contabilidad completa debe acreditar el origen de los fondos precisamente a través de esa modalidad de registro contable, en circunstancias que la ley le permite utilizar en juicio todos los medios de pruebas disponibles, como de hecho lo hizo, al acompañar prueba documental con la que justificó el origen de los fondos que sirvieron para la inversión observada. Precisa que sólo sería obligatorio acreditar el origen de los ingresos mediante contabilidad completa, si hubiera alegado -que no es el caso, a juicio del recurrente-, que su inversiones provienen de rentas exentas, afectas a impuestos sustitutivos o afectas (sic., debió decir "efectivas") de un monto superior que los presumidos de derecho. Añade igualmente, que el citado artículo 70 , inciso 3 °, se encuentra en consonancia con el artículo 21 del Código Tributario, el cual establece que el contribuyente puede probar sus asertos no sólo con libros de contabilidad sino que con todos los medios de prueba que establece la ley.

En el tercer y último capítulo, se denuncia por el litigante que recurre, la infracción del artículo 24 , inciso 4º , del Código Tributario, por cuanto la liquidación no es el mecanismo idóneo para el reintegro de impuestos devueltos a la reclamante, lo que contraviene el artículo 14 , inciso 2º , del Código Tributario ( sic . , debió decir artículo 24 , inciso 5 ° , del Código Tributario), al disponer éste que las sumas que un contribuyente deba legalmente reintegrar, correspondientes a cantidades respecto de las cuales haya obtenido devolución o imputación, serán considerados como impuesto sujetos a retención para los efectos de su determinación, reajustes, intereses y sanciones que procedan. A su vez, el inciso penúltimo del mismo artículo 24 del Código Tributario prescribe que cuando se trata de un impuesto sujeto a declaración el Servicio podrá girar de inmediato, y sin ningún trámite previo, los impuestos correspondientes. Explica el recurrente que la liquidación es un acto administrativo por medio del cual el organismo fiscalizador procede a la determinación de los impuestos cuando detecta diferencias con las declaraciones efectuadas por el contribuyente y, entonces, tratándose del reintegro de sumas percibidas del Fisco, no existe un impuesto que determinar, debiendo considerarse esta situación como un pago de lo no debido, cuyo cobro debe ser perseguido por las vías legales pertinentes por la Tesorería General de la República, como entidad que llevó a cabo ese pago indebido.

Luego de exponer la manera en que los errores denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo cuestionado, pide el impugnante se declare que éste es nulo, y se dicte a continuación, sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que corresponda conforme a la ley y a los hechos no afectados por los preceptos legales infringidos, tal como han sido establecidos por el tribunal de la instancia, reproduciendo los fundamentos de derecho de la sentencia y la parte del fallo no afectada por el recurso y, además, que esta sentencia de reemplazo acoja el recurso de apelación y decida que se dejan sin efectos las liquidaciones reclamadas, con costas del recurso a la parte recurrida.