Maria E. Gonzalez Huepe con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol Nº 8264-2010 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones iniciado por la contribuyente doña María Elizabteh González Huepe, se dedujo, en su representación, recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco que, en lo que interesa, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó el reclamo de autos.

A fojas 194, se trajeron los autos en relación.

Primero: Que el recurso de nulidad sustantiva denuncia la infracción a los artículos 5 inciso 2 ° y 19 N° 3 de la Constitución Política de la República; 8 N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 , 707 , 2509 y 2520 del Código Civil; 2 , 20 , 21 inciso 2 ° , 123 , 124 , 135 , 147 , 148 , 200 y 201 del Código Tributario; 160 del Código de Procedimiento Civil; y 33, 70 y 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Explica en primer término, que la sentencia da por establecido que la contribuyente no habría logrado justificar el origen de $200.000.000 utilizados para la adquisición de un bien raíz, no obstante existir en el proceso documentos fidedignos y no desvirtuados por el Servicio de Impuestos Internos, en los que consta suficientemente que ha efectuado retiros desde la Sociedad Forestal Santa Teresa, de la cual es socia, por $154.000.000 y que obtuvo $46.000.000 por la venta de otro inmueble, sumas de dinero con las cuales se demostraría el origen de los fondos invertidos; de modo que al no tenerse por acreditada la procedencia de los dineros con los que adquirió el bien raíz, se ha efectuado una errónea aplicación de los artículos 19 del Código Civil, 33, 70 y 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en relación con el artículo 21 del Código Tributario.

Segundo: Que otro capítulo de casación está constituido por la transgresión de leyes reguladoras de la prueba, calidad que atribuye a los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, 19 y 707 del Código Civil, 2 , 21 inciso 2 ° y 148 del Código Tributario y 160 del Código de Procedimiento Civil, que se produciría al desestimar la sentencia el valor probatorio de los instrumentos acompañados al proceso, consistentes en los libros de contabilidad que justificarían el origen de los fondos cuestionados, considerando que aquéllos no han sido objetados ni estimados no fidedignos, negándose la presunción general de buena fe que favorece a la contribuyente.

Tercero: Que un tercer error de derecho lo configuraría la vulneración de los artículos 5 inciso 2 ° de la Constitución Política de la República, 8 N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos , 2509 y 2520 del Código Civil y 20 , 123 , 124 , 135 , 147 , 148 , 200 y 201 del Código Tributario, al rechazar la sentencia la excepción de prescripción opuesta por su parte, razonando sobre la base que ella se encontraría suspendida desde el día 24 de julio de 2007, oportunidad en la que la contribuyente presentó el reclamo tributario, lo que no es efectivo puesto que tal presentación fue proveída por una comisión especial y no por un tribunal de justicia, de tal forma que jamás se formó una relación jurídico-procesal válida ni existió proceso jurisdiccional alguno, incurriendo la sentencia en falsa aplicación del artículo 201 en relación al artículo 24 inciso 1 ° , ambos del Código Tributario al concluir lo contrario. En efecto, entre la fecha de expiración del plazo legal en que debió hacerse el pago, marzo de 2000 y aquella en que se proveyó válidamente la demanda, 07 de diciembre de 2007, han transcurrido más de 7 años, por lo que el término de prescripción para perseguir el cobro de los impuestos se encontraba vencido.

Cuarto: Que explicando la forma cómo estas transgresiones de ley han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala el recurrente que mediante una aplicación correcta de las disposiciones citadas, se habría declarado improcedente la liquidación de autos, estimado justificado el origen de los fondos y declarada prescrita la obligación tributaria; por lo que solicita invalidar la sentencia y dictar una de reemplazo que haga lugar al reclamo o acceda a la prescripción extintiva.