SOC. Maderera Fenix LTDA. con Servicio de Impuestos Internos Es Parte: Consejo de Defensa del Estado.

En estos autos Rol N° 5992-2012 de esta Corte Suprema, referidos a un reclamo iniciado por la Sociedad Maderera Fénix Limitada se dictó sentencia de primer grado el veintiuno de marzo de dos mil doce, que rola a fojas 64 y siguientes, en virtud de la cual se negó lugar a la reclamación, se confirmó el acta de Denuncia N° 80, y aplicó a la contribuyente una multa de $160.850.103.- (ciento sesenta millones, ochocientos cincuenta mil ciento tres pesos), equivalente al 100% de los impuestos eludidos, debidamente reajustados.

Esta decisión fue recurrida de apelación por la sociedad contribuyente ya mencionada, a fojas 82, y confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha nueve de julio de dos mil doce, según se lee a fojas 131 y siguientes.

A fojas 129 y siguientes, don Sergio Bellemans Valenzuela, en representación de la reclamante Sociedad Maderera Fénix Limitada, dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 152.

PRIMERO: Que en el recurso interpuesto se indican como normas infringidas los artículos 7 de la Constitución Política de la República y 200, inciso final , del Código Tributario, sosteniendo que en la especie no se ha dado aplicación a la nulidad de derecho público, base de la institucionalidad de la República de Chile, ya que los hechos sancionados en el procedimiento ocurrieron entre los años 1995 y 1997 y el acta denuncia N° 80, que los describe, fue notificada válidamente el 3 de enero de 2011, al estimar la Corte de Apelaciones que todas las actuaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos como tribunal antes de esa fecha, eran nulas. Por ello, desde 1997, fecha de los hechos denunciados, hasta el 3 de enero de 2011, en la que se notificó válidamente a su parte el acta referida, habían transcurrido latamente más de 10 años. De esta manera, es erróneo considerar que las actuaciones previas a enero de 2011 fueron válidas, en circunstancias que el fallo declaró nulos tanto el reclamo del contribuyente como el informe de fiscalización. Además, el fallo de primera instancia trajo a la vista el expediente anulado para analizar las pruebas de ese juicio, en circunstancias que esa tramitación era inválida, vulnerando el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, no se aplicó correctamente al caso en estudio el artículo 200 del Código Tributario , ya que se le pretende sancionar pecuniariamente en circunstancias que han transcurrido más de 13 años desde la fecha del acta que se le notificó recién válidamente el 3 de enero de 2011. Por ello, si la infracción se cometió en 1997, la acción del ente fiscalizador prescribió en el año 2000, y el procedimiento tramitado en esa fecha no tuvo efecto alguno.

Termina señalando que de no haberse cometido estos errores, no se habría confirmado el fallo de primer grado, y se habría declarado prescrita la acción punitiva del Servicio de Impuestos Internos.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al tenor del recurso referido en el motivo que precede, éste se estructura sobre la base de impugnar lo decidido por los jueces de la instancia, sosteniendo que tanto el tribunal de primer como de segundo grado han dado valor a actuaciones declaradas nulas por sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, las que no pueden ser consideradas por estimar que en la especie ha operado la suspensión de la prescripción, de manera que debió declararse la extinción de la acción deducida por el Servicio de Impuestos Internos.