Dattwyler con Tesoreria Regional

En estos antecedentes Rol N°24.079-2019, se ha tramitado un procedimiento ordinario declarativo de prescripción extintiva de acción de cobro de obligaciones tributarias ante el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique el que, por sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, rechazó la demanda presentada por André Marcel Dattwyler Ramírez.

Elevada en apelación, una sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, confirmó el fallo del tribunal de base.

Contra la decisión de dicho tribunal de alzada, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

PRIMERO: Que, en el libelo de nulidad sustancial, la parte recurrente sostiene que la sentencia impugnada ha incurrido en la infracción del artículo 201, en relación con el artículo 24 , ambos del Código Tributario.

Sostiene que del tenor de ambas disposiciones, se puede desprender que los plazos para la prescripción de la acción de cobro de impuestos y de las acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos corren de forma paralela, y que dichos plazos de suspenden cuando el Servicio se encuentra impedido de girar los impuestos respectivos. Agrega que esto ocurre cuando se ha presentado reclamo respecto de la liquidación de los mismos, suspensión que se genera por el sólo ministerio de la ley respecto de la tramitación de primera instancia hasta la notificación de la sentencia por parte del Tribunal Tributario y Aduanero respectivo.

Expone que la sentencia recurrida genera agravio a su parte al no haber acogido el recurso de apelación en circunstancias que denunció que la suspensión de la prescripción sólo se extendió hasta que el tribunal tributario y aduanero resolvió el reclamo interpuesto por la demandante, esto es, el 2 de febrero de 2015, fecha en que se dictó la sentencia de primer grado en esa sede. Por ende, expone que el plazo de prescripción de la acción de cobro, según la norma invocada, es de tres años y, habiendo cesado la causal de suspensión, comenzó a correr, a partir esa fecha, un nuevo plazo de prescripción, el que se cumplió el 2 de febrero de 2018, no constando en ese entonces que se haya notificado a Tesorería el requerimiento de pago pertinente.

Añade que se intentó interrumpir dicho plazo de prescripción mediante la tramitación de la causa administrativa Rol 10435-2016, donde con fecha 27 de diciembre de 2016 se trató de notificar el requerimiento judicial, la que posteriormente fue declarada nula por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en el conocimiento del recurso de apelación respectivo, por lo que no tuvo el mérito de producir interrupción civil.