CIA. Agricola y Lechera Quillayes de Peteroa con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 6106-2013 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por la sociedad Compañía Agrícola y Lechera Quillayes de Peteroa Limitada se dictó sentencia de primer grado el veintiuno de noviembre de dos mil once, que rola a fojas 236 y siguientes, en virtud de la cual se negó lugar al reclamo de las liquidaciones Nº 2.321, 2.322 y 2.323 de 28 de junio de 2000, por Impuesto de Primera Categoría y que fueran practicadas a la reclamante, confirmándolas, condenando a la sociedad citada al pago de las costas, las que se fijan en $214.652.- equivalentes al 10% del impuesto reajustado reclamado.

Esta decisión fue recurrida de apelación por la contribuyente ya mencionada, a fojas 274, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha ocho de julio de dos mil trece, según se lee a fojas 334 y siguientes, con declaración que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante el período comprendido entre el 28 de julio de 2000 y el 28 de febrero de 2007, fecha esta última en que recién se tuvo por presentado el reclamo sin costas del recurso. En la misma resolución se rechazó la nulidad de derecho público y prescripcion de la liquidación promovida por la reclamante en su escrito de apelación A fojas 338 y siguientes, el abogado don Sergio Faúndez del Hoyo, en representación del reclamante, dedujo un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 366.

PRIMERO: Que en el recurso interpuesto se sostiene que la sentencia atacada avaló lo resuelto en primera instancia en orden a no considerar cumplido el plazo de prescripción de 3 años que asigna el artículo 200 del Código Tributario, amparándose en que resulta indiferente que por hechos imputables al Servicio de Impuestos Internos, la reclamacion de su parte haya estado sin proveer entre los años 2000 y 2007. Se estima, entonces, que la prescripción estuvo suspendida una década, en atención a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario, por la interposición del reclamo. Lo anterior es errado, debido a que una reclamación no surte efecto jurídico mientras no es declarada admisible por el órgano competente y porque la suspensión de la prescripción no puede quedar entregada a la sola voluntad de quien se favorece con ella. Entonces, lo decidido infringe los artículos 200 y 201 del Código Tributario, ya que la interrupcion de la prescripción se produce por la notificación del giro o liquidación, lo que ocurrió el 29 de junio de 2000, y a partir de esa data comenzó a correr un nuevo plazo único de prescripción extintiva, de 3 años, a favor del notificado. Por ello, la reclamación suspende la prescripcion extintiva, en tanto no se declare inadmisible o se rechace, pero ello no puede extenderse a la situación en que el acreedor es el responsable del acto que impide accionar contra el deudor de la obligación.

Además, denuncia que se ha inobservado lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil, en relación con el artículo 2 del Código Tributario, al desatender la limitación que establece el Código Civil, contenida en los artículos 2514 y siguientes, respecto de cualquier suspensión de la prescripción y que impiden que ella penda indefinidamente.

Termina señalando la influencia de los yerros denunciados en lo resuelto que, de no haber sido cometidos, habría significado que se habría declarado la prescripción invocada, por lo que solicita se acoja el recurso, se anule el fallo apelado y en sentencia de reemplazo, haga lugar a ella, con costas.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al tenor del recurso referido en el motivo que precede, éste se estructura sobre la base de sostener que las acciones de cobro de los tributos presuntamente adeudados han prescrito, por haber transcurrido, durante la extensión temporal que abarcó la nulidad declarada en el presente juicio (1 de agosto de 2000 a 13 de febrero de 2007), el plazo que prescribe la ley al efecto, alternativa que la sentencia impugnada descarta basada en que el plazo de prescripción se ha interrumpido al interponerse el reclamo tributario.

TERCERO: Que la prescripción extintiva de las acciones judiciales, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil, requiere, para configurarse, de la inactividad del acreedor y del deudor durante el tiempo que señala la ley. Cuando tal inactividad cesa, ya sea por parte del acreedor que reclama su derecho o bien por parte del deudor que reconoce la existencia de la deuda, puede afirmarse, en términos generales, que la prescripción en curso se interrumpe.