Paulina Elizabeth Riff Sfeir con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos RUC N° 11-9-0000146-2 del Tribunal Tributario y Aduanero de la región de Atacama, reclamo tributario de Paulina Elizabeth Riff Sfeir, rol N° 6.518-12 de esta Corte Suprema, se dictó sentencia definitiva de primera instancia a fs. 295, por la que se rechazó la reclamación de la aludida contribuyente en contra de la III Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos y dejó firme, en consecuencia, la liquidación N° 103201000003 de 15 de abril de 2011 de la misma institución, sin costas.

En contra de este fallo la defensa de la reclamante a fs. 306 dedujo recurso de apelación y concedido éste, la Corte de Apelaciones de Copiapó, por sentencia copiada a fs. 435 la confirmó.

En contra de esta última decisión, la aludida reclamante dedujo a fs. 436 recurso de casación en el fondo denunciando diversos errores de derecho que se han producido por la infracción de los artículos 63 y 132 del Código Tributario, este último en su versión anterior a la modificación introducida por la Ley N° 20.322, en relación con su artículo 1 ° transitorio , inciso tercero; los artículos 1 y 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Leyes de 1861 : artículo 19 N ° 3 , inciso 8 de la Constitución Política; artículo 9 del Código Civil y el inciso undécimo del artículo 132 del Código Tributario en su versión actual conforme a la modificación de la ley antes señalada.

Concedido el expresado recurso, por resolución de fs. 464, se ordenó traer los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso en estudio, al explicar la forma como se habría incurrido en error de derecho por la sentencia impugnada, esto es, la de segunda instancia, expresa que ésta se ha basado únicamente en lo que dispone el inciso undécimo del artículo 132 del Código Tributario, con la modificación introducida por la Ley N° 20.322, en circunstancias que esa norma no estaba vigente a la época en que se aplicó, puesto que en primer lugar, cuando se emitió la citación, el 29 de octubre de 2009, de la cual no hubo descargo, resultaba evidente que nada tenía que probar según el artículo 63 del aludido código, de manera que podía hacer valer sus antecedentes probatorios más adelante, ya que el asunto siendo administrativo sólo se tornó litigioso con la posterior reclamación en contra de la liquidación tributaria, de manera que al establecerse una sanción en la primera fase de este procedimiento, no cabía luego la obligación que estableció la reforma al aludido artículo 132, quebrantando además lo previsto en el artículo 7 , letra b ) , de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y 6 , inciso 2 °, A), N° 1 del Código Tributario, insistiendo que antes de la expresada modificación no existía disposición alguna que señalara como sanción no poder hacer valer posteriormente documentos si no fueron presentados en apoyo de los descargos en contra de la citación, contraviniendo asimismo el Manual del Servicio de Impuestos Internos, que admite la presentación tardía de antecedentes para ser considerados en la liquidación, en caso de que no se haya notificado todavía;

SEGUNDO: Que a continuación se expresa en el recurso la errónea aplicación del mismo artículo 132 del Código Tributario, aplicado por el fallo como único fundamento del mismo, norma que dispone que no serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no los haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo, agregando que el reclamante siempre podrá probar que no acompañó documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables, la que según el recurso no es aplicable al caso, ya que la reforma se produjo el 27 de enero de 2009 y según la misma Ley N° 20.322, para Atacama, ésta rige a partir del 1° de febrero de 2010, siendo que la citación fue notificada el 29 de octubre de 2009, o sea antes de que rigiera la modificación legal que la Corte utilizó, pues no estaba vigente. Por lo dicho, se sostiene se quebrantan las normas relativas al efecto retroactivo de la ley regida dispuestas por la Ley de 7 de octubre de 1861 y quebrantando también las normas establecidas por el propio Servicio que la contribuyente utilizó de buena fe, conforme lo faculta el artículo 26 del Código Tributario . Se infringe, con esta inadmisibilidad, lo previsto en el artículo 19 N° 3 inciso 8 de la Carta Fundamental, al prescribir que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado y el artículo 9 del Código Civil en cuanto ordena que la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.

En cuanto a la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo atacado, el recurso señala que de no mediar la infracción de ley denunciada, se habría tenido que llegar, necesariamente, a la conclusión que no correspondía confirmar el fallo apelado y que procedía dictar sentencia de segunda instancia, considerando todas las prueba fidedignas que rolan en autos, para revocar aquella resolución;