Importadora y Comercializadora Power Chile Ltda.

En estos autos Rol Nº 6686-2013 de esta Corte Suprema, la contribuyente, xxxxxxxxxxxxx Limitada, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la pronunciada por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que rechazó la reclamación interpuesta por la referida contribuyente en contra de las Resoluciones Exentas N° 68 de 20 de mayo de 2007; N° 94 y 95, ambas de 15 de marzo de 2007, que no dieron lugar a la devolución de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, por cambio de sujeto en las compras efectuadas en los meses de enero, marzo y abril de 2006, ascendentes a $28.200.921; $33.277.813 y $38.744.905, respectivamente.

A fojas 704, se trajeron los autos en relación.

Primero: Que en un primer capítulo del recurso se denuncia la contravención del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825 de 1974 y consecuente vulneración del derecho al crédito fiscal que el inciso primero del mismo precepto reconoce a los contribuyentes de Impuesto al Valor Agregado.

Expone el reclamante que la primera norma legal citada, establece que para que el Servicio de Impuestos Internos pueda rechazar el crédito fiscal que consta en las facturas de los proveedores de los contribuyentes de este impuesto, debe acreditarse alguna de las siguientes causales de impugnación, a saber, cuando las facturas son no fidedignas, falsas, o que hayan sido otorgadas por personas que no son contribuyentes de IVA, y que no cumplan con los requisitos legales y reglamentario. Sólo estas son las causales para objetar el crédito fiscal en materia de IVA, por ende la única forma de rechazarlo es dar por establecida legalmente la existencia de alguna de las causales que privan al contribuyente de su derecho.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la sentencia de primer grado y que hacen suya los jueces del fondo, reconoce que las facturas se encuentran dentro del rango de timbraje y que estas fueron canceladas con cheques nominativos de la cuenta corriente del adquirente, registrándose al reverso de los mismo el número de rol único tributario del emisor de la factura y el número de esta, según detalla el propio fallo impugnado, es decir, se cumplen todos y cada uno de los requisitos del numeral 5 del artículo 23 del Decreto Ley N° 825, con excepción de la acreditación de la efectividad material de las operaciones, declaración que importa un contrasentido y un claro error de derecho que contraviene el precepto citado, quebrantamiento que se plasma claramente en los razonamientos 30° y 38° del fallo de primer grado.

Así, para que una factura adolezca de falsedad ideológica se debe dar por establecido en el fallo que las facturas dan cuenta de cosas falsas o mentirosas, para ello no basta la supuesta falta de acreditación de la efectividad de las operaciones de que ellas dan cuenta. Por otra parte, el propio fallo consigna que el pago de las facturas se hace con cheques girados contra la cuenta corriente del reclamante, emitidos nominativamente a nombre de los emisores de las facturas, lo que ciertamente implica que no pueda hablarse de facturas ideológicamente falsas.

Además, expresa el impugnante y en abierta relación con la aplicación del citado artículo 23 N° 5 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios y el desconociendo del crédito fiscal a que tenía derecho la contribuyente, se infringe el inciso 1° de la norma en comento, al concluir que no se acreditó la efectividad material de las operaciones de que dan cuenta las facturas impugnadas y así desconocer un derecho del que no se podía privar al reclamante.