Central de Compras la Calera S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 10201-2011 de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, ingreso Nº 7172-12 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por la sociedad contribuyente Central de Compras La Calera S.A., por sentencia de catorce de mayo de dos mil doce se rechazó el reclamo, confirmándose las liquidaciones de impuestos Nros. 121 a 123, de 26 de agosto de 2011.

Apelada esa sentencia por la sociedad reclamante, el tribunal de alzada de Valparaíso, por resolución de veinte de agosto de dos mil doce, a fojas 98, la revocó sólo en la sección que condenó en costas al reclamante, confirmándola en lo demás.

En contra de esta última decisión la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de fojas 118.

PRIMERO: Que según expresa el recurso, el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta otorga un crédito al contribuyente contra el impuesto de primera categoría por inversiones efectuadas durante el ejercicio comercial, sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o terminados de construir en el mismo período. Sin embargo, en el caso de autos, la sentencia de alzada habría incurrido en infracción de ley al aplicar indebidamente para efectos de acreditar tales inversiones el artículo 145 de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

Explica que de acuerdo al errado criterio sustentado en el fallo, su parte únicamente habría probado el pago de una construcción o ampliación, pero no que efectivamente haya instalado galpones en la comuna de Nogales dentro del ejercicio comercial 2007, porque tratándose de bienes raíces requería del certificado de recepción de obra nueva a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Urbanismo, en circunstancias que sólo debía acreditar el valor de los bienes del activo inmovilizado, no su instalación, pero que en todo caso estaría plenamente establecida con la entrega que le hizo el vendedor.

Aclara que el valor de los bienes, única cuestión que debía justificar de acuerdo al criterio sostenido por las circulares de Servicio de Impuestos Internos Nros . 22, de 1978, y 41, de 1990, lo probó con las facturas que le emitió su proveedor, pero, agrega, ni la ley ni las circulares indicadas exigirían la presentación de un certificado municipal de la obra construida como resuelve la sentencia.

Sostiene que la no aceptación de la prueba rendida sobre el valor y época de las inversiones infringe gravemente lo dispuesto en los artículos 21 del Código Tributario y 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, disposiciones que de aplicarse correctamente habrían conducido al tribunal a revocar el fallo de primer grado anulando las liquidaciones reclamadas correspondientes a reintegros por impuesto a la renta, por cuanto la sociedad tenía derecho al crédito que hizo valer contra el impuesto a la renta de 1ª categoría.