Mundaca y Varas LTDA., Mundaca Vargas Nilda, Varas Mundaca Ercilia con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol 7905-2013 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, deduce recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 297 el abogado señor José Miguel Espinoza Díaz, en representación de las reclamantes sociedad MUNDACA Y VARAS LIMITADA y sus socias ERCILIA MARGARITA VARAS MUNDACA y NILDA DEL CARMEN MUNDACA VARGAS, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de primera instancia que negó lugar en parte al reclamo deducido por la sociedad en contra de las liquidaciones N° 217 a 243 de 28 de marzo de 2005, por diferencias de impuesto de primera categoría y reintegro del artículo 97 del Código Tributario en los años tributarios 2003 y 2004 más impuesto al valor agregado de enero de 2002 a diciembre de 2003; y de las socias en contra de las liquidaciones N° 350 a 355 de 27 de abril de 2005, por diferencia de impuesto global complementario del año tributario 2004 más reintegro del artículo 97 del Código Tributario de los años tributarios 2003 y 2004.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 329.

Primero: Que por el recurso se reclama en primer término que se ha cobrado impuesto al valor agregado respecto de servicios que no constituyen hecho gravado, con lo que se han vulnerado los artículos 1 , 2 y 8 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios , en relación con el artículo 20 N° 3 y 4 de la Ley de Impuesto a la Renta y el artículo 3 del Código de Comercio, por cuanto la tesis del "arrendamiento de sillón", creada para gravar con impuesto al valor agregado los servicios de peluquería conforme con el hecho gravado especial del artículo 8 letra g ) del Decreto Ley N° 825, no se condice con los tiempos actuales.

Señala que lo anterior constituye una infracción al principio de legalidad tributaria, porque se aplica impuesto al valor agregado a servicios no tipificados como hechos gravados. En ese sentido indica que el artículo 2 N° 2 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios define como servicio la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, sin que sus servicios encuadren en alguna de las hipótesis de estos artículos, como tampoco en la enumeración de actos de comercio que hace el artículo 3 del Código de Comercio . Por ello, se aplicó erróneamente el artículo 8 letra g ) del Decreto Ley N° 825, al entender que existe un arriendo de sillón en los servicios prestados por la sociedad reclamante, en circunstancias que no efectúa esa clase de prestaciones.

En segundo término, y como alegación subsidiaria, señala que se aplicó impuesto al 100% de los pagos registrados en el listado entregado por transbank, a pesar que no corresponden en su totalidad a ingresos percibidos o devengados por la empresa, sino que sólo lo es el 38%, mientras que el porcentaje restante corresponde a ingresos de los profesionales, por lo que están exentos de impuesto conforme con el artículo 12 letra E ) N° 12 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. Respecto del porcentaje que corresponde a la sociedad, explica que factura recargando el impuesto pertinente, por lo que no corresponde aplicar el artículo 76 inciso segundo del Decreto Ley N° 825 . Por otra parte, admite que sus ingresos están afectos al impuesto a la renta, pero indica que el total de las transacciones efectuadas no son representativas de ingresos reales de la empresa.

Adicionalmente indica que el Servicio de Impuestos Internos vulneró el artículo 21 del Código Tributario, al desentenderse de la contabilidad del contribuyente, que no fue catalogada como no fidedigna, y con la cual se demostró que no todos los ingresos que figuran en el listado transbank corresponden a rentas o ingresos afectos a impuesto. Asimismo, esa conclusión implica asumir que el contribuyente ha obrado de mala fe y que participó en un fraude al fisco por evasión de impuesto, infringiendo con ello los artículos 707 y 1698 del Código Civil, ya que conforme con la primera norma la reclamante está amparada por la presunción de buena fe, y el Servicio de Impuestos Internos no ha acreditado lo contrario.

Sostiene que estos errores de derecho influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría revocado la sentencia de primer grado y se habría acogido el reclamo tributario. Por ello pide que se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo en la que se revoquen las sentencias de segunda y primera instancia y se acceda al reclamo tributario en su totalidad.