Rivero Alvarez Alicia Ximena con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional Punta Arenas

En estos autos ingreso Rol N° 87.839-16 de esta Corte Suprema, seguidos en procedimiento general de reclamación tributaria, por sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se hizo lugar en parte al reclamo interpuesto por doña Alicia Ximena Rivero Álvarez contra las Liquidaciones N° 26 y 27, ambas de 15 de julio de 2015, por concepto de Impuesto Global Complementario e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, del año tributario 2012.

Apelada esta resolución por la parte reclamante, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas la confirmó por sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, escrita a fs. 381.

Contra esta última decisión, la reclamante dedujo recursos de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de fs. 398.

Primero: Que en el recurso de casación en el fondo se denuncia la vulneración de los artículos 70 de la Ley sobre Impuesto de la Renta , 21 y 132 del Código Tributario, en relación este último con el artículo 1698 del Código Civil.

Expresa el recurrente que el fallo para tener por no justificada la cantidad de $ 96.007.457.-, que la contribuyente destino a la adquisición de acciones y derechos de la Estancia "Tres R", no consideró la prueba documental aportada por la reclamante, la que permite justificar una suma de $ 67.646.028, quedando sin justificar la cantidad de $ 28.361.028, documentación que consiste en los formularios 22 de los años tributarios 2011 y 2012 y la copia de la cartola de rescate de fondos mutuos denominado Dep. Efectiva serie Clásica del BCI Asset Management, que dan cuenta de ingresos por actividades de corredora de propiedades, rentas por explotación de bienes raíces no agrícolas y dineros provenientes del rescate mencionado, debiendo aplicarse la Circular N° 8 del año 2000 del Servicio de Impuestos Internos, que consagra la presunción de la mantención de recursos en el patrimonio del contribuyente por espacio de un año.

Además, el artículo 70 de la Ley de la Renta sólo exige acreditar el origen de los fondos con los cuales se realizan las inversiones, pero no exige acreditar la disponibilidad de los mismos y los fondos específicos con que se efectúa tal o cual inversión, específicamente la Corte al confirmar la resolución de primera instancia añade que debe acreditarse la disponibilidad de los fondos, exigencias que escapan a los requisitos contemplados en la norma citada, como lo estableció correctamente el juez de primera instancia, indicando que lo que debe demostrarse es la suficiencia en el origen de los fondos del contribuyente.

De lo anterior, concluye, que la resolución de segunda instancia resulta errada al establecer que es necesario acreditar que los ingresos solventaron, cancelaron, costearon o pagaron las inversiones, en circunstancias que lo único que ha sido controvertido es el origen de los recursos económicos, imponiéndole la carga de probar un hecho que no ha sido discutido.