Gonzalez Ponce Graciela con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos ingreso N° 8.319-2015, rol de esta Corte Suprema, seguidos en procedimiento general de reclamación tributaria, por dictamen de veinte de febrero de dos mil quince, el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, hizo lugar parcialmente al reclamo intentado por doña Graciela Mercedes González Ponce contra la Liquidación N° 113000000029, de 16 de diciembre de 2013, por concepto de Impuesto a la Renta de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario, del año tributario 2011.

Apelada esta resolución por la reclamante y por el Servicio de Impuestos Internos, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó, decisión en cuya contra la contribuyente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que se ordenó traer en relación a fs. 324.

En cuanto al recurso de casación en la forma Primero: Que el arbitrio de casación formal delata los vicios de ultrapetita y falta de fundamentos de hecho y de derecho, toda vez qué, desde luego, se extendió a puntos no sometidos al conocimiento del tribunal dado que sólo se debía acreditar el origen de los fondos con que se adquirieron los bienes raíces, más no si se trató de un mutuo o de una donación, lo que no fue comprendido entre los puntos de prueba fijados en la litis.

Aduce que el mutuo o préstamo, con arreglo al artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se perfecciona por la entrega de dineros de un tercero sin que se presuma la gratuidad o donación y ese solo hecho importa un préstamo, de acuerdo a los artículos 2196 y 2197 del Código Civil, sin que exista norma legal que exija su documentación y/o satisfacción del impuesto de timbres y estampillas y si se hubiera generado algún gravamen, su solución corresponde al mutuante o donante y no a la contribuyente señora González, por lo que se trata de un negocio reclamable a otro individuo, ausente en este pleito y a quien el Servicio de Impuestos Internos (en adelante el Servicio) podría notificar, citar y fiscalizar.

Segundo: Que, en reiteradas oportunidades se ha resuelto que la ultrapetita se produce cuando el fallo se aparta de los términos en que los litigantes sitúan la controversia mediante sus acciones, excepciones y defensas, con alteración de su contenido, cambio de su objeto o modificación de la causa de pedir; igualmente, cuando el ente jurisdiccional otorga más de lo pedido por los contradictores en sus respectivos escritos de la etapa de discusión, actuaciones procesales que fijan la competencia del tribunal o cuando, en otra hipótesis, se emite pronunciamiento acerca de cuestiones no sujetas a la decisión del tribunal (SCS, de diecisiete de junio de dos mil diez, Nº 7.016-08, entre otros).

Tercero: Que a través de la liquidación refutada el Servicio de Impuesto Internos persigue el pago de impuestos de primera categoría y global complementario, por estimar que no se encuentra justificada la inversión en la compra de un departamento, tres estacionamientos y una bodega, por los que la recurrente enteró $ 172.187.864.

Al desestimar el reclamo entablado, en lo que concierne a esa compraventa, contra dicha liquidación, los tribunales han confirmado que debe pagar los tributos correspondiente a esa inversión y, en consecuencia, no ha incurrido en ultrapetita, consistente en dar al Servicio más de lo que procura, por cuanto, precisamente el sustento para exigir esos gravámenes fue la falta de determinación de la procedencia de los caudales utilizados en la adquisición por la reclamante, sin que le baste al sentenciador la existencia de los pagarés tomados por una persona y entregados a otra para establecer la fuente de dicho capital, según se colige en el raciocinio quinto del laudo ad quem.