Sociedad Comercializadora Cugat LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

A los escritos folios N° 138654-16, 138992-16 y 142656-16: a todo, téngase presente.

Al escrito folio N° 142061-16, estese al mérito de lo que se decidirá.

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Pablo Latorre Ascui en representación de la contribuyente Comercializadora Cugat Ltda., en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó el reclamo por vulneración de derechos impetrado en contra del Servicio de Impuestos Internos por la dictación de la Resolución OPAT 06.00 EX N° 211, de 04 de diciembre de 2014.

Segundo: Que en un primer acápite se denuncia la vulneración de las normas reguladoras de la prueba previstas en el artículo 132 del Código Tributario, en concepto del recurrente, se han desatendido los criterios de apreciación de la sana crítica al omitir el análisis comparativo de los elementos aportados, lo que llevó a un establecimiento erróneo de los presupuestos fácticos del caso.

En otros apartado acusa el quebrantamiento del artículo 155 del cuerpo legal citado, señala que los sentenciadores han restringido el procedimiento por vulneración de derechos al estimar que éste solo procede cuando al actuación del Servicio de Impuestos Internos es ilegal, excluyendo la posibilidad de recurrir por las arbitrariedades cometidas, en particular por no respetar un precedente administrativo, conculcando el principio de confianza legítima, ya que se demostró que en el caso de otros contribuyentes el director actuó de manera distinta acogiendo sus revisiones lo que ciertamente es una arbitrariedad que puede ser emendada por la vía del reclamo intentado.

Continúa imputando una errada aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 letra B N° 5 del compendio normativo en referencia, precepto que permite al Director Regional revisar y corregir en cualquier tiempo los vicios o errores manifiestos en los giros o liquidaciones de impuestos, pues dicha acción se enmarca dentro de la potestad de corrección administrativa con la que cuenta dicha autoridad, sin que en ella exista algún tipo de inadmisibilidad probatoria que rige en el procedimiento de reclamación tributaria.

Finalmente atribuye una errada aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario, en relación a lo que prescriben los artículos 1 , 2 , 10 , 17 letra f ) y 35 de la Ley N° 19.880, indica que el primero de los preceptos enunciados se señala un plazo establecido para considerar los antecedentes aportados por los administrados, ello en relación al principio de contradictoriedad y el derecho con el que cuentan los particulares para acompañar la documentación pertinente para acreditar sus pretensiones, lo que se une al deber correlativo de la administración de apreciar esos antecedentes debidamente al resolver la petición sometida a su competencia.