Hernan Carlos Abumohor Lolas con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol Nº 9513-09 el contribuyente, Hernán Abumohor Lolas, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, confirmatoria de la de primer grado. Esta última desestimó la reclamación en contra las liquidaciones números 400 y 401 de 15 de noviembre del año 2006, por concepto de impuesto a la renta de primera categoría e impuesto global complementario correspondientes al año tributario 2001.

Primero: Que el recurso denuncia en primer término la infracción a los artículos 19 N° 3 inciso 5 , N° 20 incisos 1 y 2 de la Constitución Política de la República y artículo 124 del Código Tributario, ya que se está limitando el ejercicio del derecho de accionar jurisdiccionalmente y de demostrar la improcedencia del cobro que el Servicio determinó.

Indica que el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República garantiza que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado; sin embargo, a pesar de que el Código Tributario establece la facultad de toda persona de impugnar a través del procedimiento general de reclamación la procedencia y legalidad de una liquidación de impuestos, en la práctica se da por establecido que su parte no se encontraba en situación de desvirtuar las liquidaciones por no haber cumplido con anterioridad a la emisión de éstas la anotación marginal que se le está requiriendo, lo cual transforma el acto en no reclamable, pues no le cabía ninguna posibilidad de revertir lo obrado por el Servicio durante el proceso de revisión y por ende se deja de aplicar el artículo 124 del Código Tributario.

Agrega que el artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental garantiza la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, lo que se encuentra en contradicción con la posibilidad de que el Servicio intente presumirle a su parte rentas o ingresos tributables sobre el supuesto equivocado de afirmar que realizó una determinada inversión pese a que corrigió la imprecisión incurrida en cuanto a la forma de pagar el precio, que constaba en la escritura que tomó en consideración el ente fiscalizador para determinar el cobro de impuestos.

Por lo tanto, fuera de la objeción formal que hace el Servicio de Impuestos Internos al tenor del artículo 1707 inciso 2 ° del Código Civil, el sentenciador no podía restringir la controversia al cumplimiento de las formalidades que dicha norma establece para su oponibilidad frente a terceros, ni menos estimar la inexistencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Segundo: Que en un siguiente capítulo el recurso denuncia la falsa y errada aplicación del artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del artículo 1698 del Código Civil, quedando de manifiesto el error ya que se parte de un supuesto falso, cual es que al Servicio no le cabía la obligación de demostrar que el contribuyente realizó un gasto, desembolso o inversión el día 7 de enero del año 2000, en circunstancias que sólo una vez acreditado este hecho nace para éste la carga de justificar el origen de los fondos con los que financió tales inversiones, desembolsos o gastos.

Señala que el yerro hace inaplicable la presunción simplemente legal prevista en el artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se haya analizado si la autoridad tributaria dio cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 1698 del Código Civil de probar la existencia del vínculo jurídico a partir del cual el Servicio tiene la facultad de solicitar al contribuyente que acredite el origen de los fondos invertidos, gastados o desembolsados. Por lo dicho, el Servicio de Impuestos Internos en forma previa a iniciar un proceso de revisión de justificación de inversiones debe acreditar la existencia de un gasto, desembolso o inversión y, sólo en este caso, puede citar al contribuyente para que éste indique la fecha, naturaleza y monto del desembolso, gasto o inversión de que se trate.