Farias Osorio, Omar con Servicio de Impuestos Internos. (reclamo Tributario)

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo, que se eliminan, y en su lugar, se tiene además presente:

I.- En cuanto a la improcedencia del reclamo alegado por el Servicio de Impuestos Internos:

PRIMERO: Que el Servicio de Impuestos Internos al momento de contestar la acción dirigida en su contra, solicitó que el mismo fuera rechazado de plano en todas sus partes, por no encontrarse afinado el alcance y efecto del acto administrativo previo, por lo que señala que la acción jurisdiccional intentada carece de objeto y causa de pedir cierta y clara.

Funda esta petición en que el contribuyente Omar Farías Osorio con fecha 12 de agosto de 2011, interpuso ante la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, un recurso de Reposición Administrativo Voluntario en contra de las Liquidaciones N° 146 y 147, invocando los mismos argumentos esgrimidos para sustentar la acción judicial que se conoce y que dedujo en forma simultánea. Refiere que el Servicio reclamado disponía de un plazo fatal de cincuenta días hábiles para notificar la resolución que se pronuncia respecto de la reposición administrativa, según lo previene el artículo 123 bis del Código Tributario y el Capítulo IV de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativo, aplicable en la especie por remisión expresa de la norma tributaria antes referida. Precisa que presentada la reposición administrativa el 12 de agosto de 2011, el plazo para notificar la resolución respectiva se extendía hasta la medianoche en que termina el último día del plazo, esto es, el día 26 de octubre de 2011.

En el mismo orden de ideas, agrega que el artículo 54 de la Ley N° 19.880, establece una incompatibilidad entre el reclamo administrativo y la gestión jurisdiccional, al grado de establecer una prohibición para accionar simultáneamente para ante esas dos instancias. Señala que la conclusión anterior es de toda lógica, pues no estando afinados aún los alcances y efectos del acto administrativo reclamado, la acción jurisdiccional que se pueda incoar carece de objeto pedido y/o causa de pedir cierta y clara, pues puede darse el caso que al resolverse la instancia administrativa, modificarse o incluso invalidarse el acto impugnado, tal acción puede verse desvirtuada incluso al grado de aparecer como superflua y baldía, provocando un desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional posterior. Aclara que lo anterior en ningún caso importa negar la procedencia de la reclamación judicial en contra de un acto administrativo en forma directa, sino más bien se establece un orden de prelación según el cual el actor puede optar por interponer un reclamo administrativo, o bien, uno de tipo judicial, pero una vez interpuesto el primero, no puede ocurrirse ante los Tribunales de Justicia, sino hasta que el reclamo administrativo haya sido resuelto o deba entenderse desestimado y una vez interpuesto reclamo jurisdiccional, la Administración debe inhibirse de conocer cualquier petición administrativa que entrañe la misma pretensión.

Por otro lado, refiere que en nada altera sus asertos, lo establecido en el artículo 123 bis letra c) del Código Tributario en cuanto a que la reposición administrativa no interrumpe ni suspende el plazo para reclamar judicialmente, pues el legislador al incorporar esta regla legal, aumentó el plazo para reclamar judicialmente de sesenta a noventa días hábiles, de suerte que no obste la interposición de la reposición administrativa, pues el contribuyente siempre dispondrá de un plazo mayor para reclamar judicialmente.

Por lo anterior, atendido el alcance del artículo 54 de la Ley 19.880 y habiéndose aceptado su aplicación al caso en la especie según lo dispuesto en el artículo 123 bis y la cláusula de supletoriedad contenida en el artículo 1° de la Ley, solicitó sea rechazado derechamente el reclamo intentado, con costas.