Desistimiento de prueba testimonial por incumplimiento de carga procesal

Que, comparece Franco Díaz Guerra, abogado, en representación de [Emilia], quien interpone verdadero recurso de hecho en contra de la resolución del 12 de noviembre de 2025, dictada por la juez subrogante del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Arica y Parinacota doña

Eveline Collao Imaña, en virtud de la cual rechazó el recurso de reposición y denegó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en subsidio en contra de la resolución de fecha 10 de noviembre de 2025, que tuvo a la recurrente por desistida de la prueba testimonial ofrecida en el cuaderno incidental de medida precautoria.

Solicita que se declare que el recurso de apelación subsidiario ha sido indebidamente denegado, ordenando al tribunal a quo concederlo y remitir los antecedentes necesarios para su conocimiento y fallo por esta Corte.

Explica que, en el marco de un incidente de medida precautoria de retención de dineros promovido por el Servicio de Impuestos Internos en contra de su representada, el tribunal fijó audiencia testimonial y ordenó señalar los correos electrónicos de los testigos bajo apercibimiento de tener a su parte por desistida de la prueba. Indica que el 10 de noviembre de 2025 se hizo efectivo dicho apercibimiento basándose en una certificación de la Secretaría que daba cuenta del supuesto incumplimiento.

Sostiene que interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, argumentando un entorpecimiento no imputable a su parte, pues el abogado estuvo disponible para la audiencia telemática, pero el tribunal nunca remitió el enlace de conexión. Manifiesta que la resolución que tiene por desistida a una parte de un medio de prueba esencial no es una mera providencia de sustanciación, sino que altera la marcha regular del procedimiento y zanja una cuestión incidental estableciendo la imposibilidad permanente de rendir la prueba ofrecida, por lo que resulta apelable conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Civil.

Arguye que el artículo 133 del Código Tributario, invocado por el tribunal para denegar el recurso, establece la procedencia de la reposición para resoluciones de trámite, pero no prohíbe la apelación para aquellas que ponen término a un incidente o imposibilitan su prosecución respecto a un medio probatorio esencial. Refiere que en este caso son aplicables las normas supletorias del Código de Procedimiento Civil en virtud del artículo 148 del Código Tributario.

Afirma que sancionar con la pérdida de la prueba por la omisión de un dato logístico como el correo electrónico es desproporcionado y contrario a la buena fe procesal, máxime cuando los testigos ya estaban individualizados en el cuaderno principal.