Liliana Cannobbio Hemmelmann con Servicio de Impuestos Internos
| Tribunal | Corte de Apelaciones de Concepción |
|---|---|
| Rol | 377-2010 |
| Fecha sentencia | 14 ene 2011 |
| Recurso | Apelación |
| Resultado | REVOCADA Fallada/revocada |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalLa Corte revoca la sentencia tributaria y absuelve a la contribuyente de la denuncia por infracciones tributarias, estimando insuficiencia probatoria de mala fe dado que fue víctima de un intermediario condenado criminalmente por delito tributario.
Hechos
El SII denunció a Liliana Cannobbio Hemmelmann por aumento indebido de crédito fiscal, no declaración de débitos fiscales y utilización de crédito fiscal sin respaldo documentario, relacionado con 14 facturas de tejuelas de alerce (perjuicio fiscal de $4.022.482 en IVA y otros tributos, años 1999-2002). El Juez Tributario estimó parcialmente la reclamación y le aplicó multa de $7.928.704. La contribuyente apeló argumentando que fue víctima de estafa por parte de un intermediario (Erico Aedo Aburto), quien le proporcionaba las facturas fraudulentas; incluso interpuso querella criminal contra éste y otro cómplice. El SII no querelló contra la contribuyente, sino contra sus intermediarios, ambos finalmente condenados por delito tributario.
Considerandos clave
El tribunal destaca que la naturaleza de las infracciones tributarias exige rigor probatorio conforme a principios constitucionales de garantía de defensa y debido proceso. Analiza que la contribuyente demostró la realidad material de las operaciones (tejuelas de alerce) mediante guías de libre tránsito de la Corporación Nacional Forestal y cheques de pago. Subraya que la propia fiscalizadora recomendó aplicar solo sanción pecuniaria y no acción penal, y que el SII querelló penalmente solo contra los intermediarios (Aedo Aburto y Cancino Muñoz), condenados por delito tributario. Concluye que la conducta de la contribuyente al ejercer acciones penales contra quienes le defraudaron desvanece la mala fe que le atribuía el Fisco. Considera insuficiente la certidumbre probatoria exigida, citando jurisprudencia propia (Rol 491-2007) que rechaza presumir responsabilidad penal tributaria cuando el contribuyente ignoraba la irregularidad de las facturas.
Resolutivo
Se revoca la sentencia del Juez Tributario de 18 de febrero de 2010 sin costas. Se absuelve a Liliana Cannobbio Hemmelmann de la denuncia del SII y se deja sin efecto la multa de $7.928.704 impuesta.
Texto de la sentencia
Concepción, catorce de enero de dos mil once
Se reproduce el fallo apelado, con excepción de los motivos 12º, 13º, 14º,15º, 16º, 17º y 18º que se eliminan y, se tiene en su lugar y además presente:
1º.- Que, se ha alzado contra lo resuelto por el Director Regional (5) del Servicio de Impuestos Internos, VIII Dirección Regional, Concepción en calidad de Juez Tributario, el apoderado de la contribuyente solicitando se revoque la sentencia y como consecuencia se absuelva a su representada de toda responsabilidad por los hechos denunciados que constan en el acta de denuncia de fojas 1. En subsidio se le aplique el mínimo de la multa que la ley asigna a los hechos investigados en la presente causa.
2º.- Que, en opinión del apelante, se encuentra demostrada la realidad material de las operaciones impugnadas por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que la contribuyente no ha cometido ni participado de fraude alguno y, adicionalmente expresa que siempre ha actuado de buena fe. Cita en apoyo a sus argumentos, que tan pronto tomó conocimiento que las facturas que amparaban sus compras fueron objetadas por el Servicio, dedujo una querella criminal por estafa ante el Juzgado de Río Negro. En dicho proceso concurrió también el órgano fiscalizador aludido, deduciendo querella criminal por delito tributario, siendo condenado finalmente don Eliecer Segundo Cancino Muñoz como autor del delito previsto en el Nº 9 del artículo 97 del Código Tributario y don Erico Federico Aedo Aburto como autor de los delitos previstos en el artículo 97 Nº 4, inciso 5º, artículo 97 Nº 9, ambos del Código antes mencionado. Estos antecedentes hacen desaparecer la responsabilidad que se le imputa a la contribuyente por la infracción investigada en la causa.
3º.- Que, para los efectos de fijar la controversia planteada en este proceso, es útil tener presente, que de los términos de la acta de denuncia de fojas 1, se imputa a la contribuyente, Liliana Cannobbio Hemmelmann, la comisión de las siguientes infracciones tributarias: a) Aumento indebido de Crédito Fiscal, b) No declaración de débitos fiscales y, c) Utilización de crédito fiscal sin respaldo documentario. Las conductas anteriores causaron un perjuicio fiscal ascendente a la suma de $4.022.482, correspondiente a IVA crédito fiscal, impuesto a la renta primera categoría, años tributarios 1999, 2000, 2001 y 2002 y Global Complementario año 1999. El Juez Tributario, en la sentencia que se impugna, hizo lugar parcialmente a la reclamación de la contribuyente, estimando que ésta cometió las irregularidades contempladas en el apartado I del acta de denuncia y por ello le aplicó la sanción pecuniaria consistente en multa ascendente a $7.928.704, correspondiente al 200% de los tributos maliciosamente eludidos y debidamente reajustados al mes de febrero de 2010.
4º.- Que, en la posición contraria, la contribuyente centra su defensa en afirmar que todas las operaciones contenidas en las facturas objetadas por el servicio, son reales y efectivas, explicando que ellas corresponden a la adquisición de tejuelas de alerce para su posterior comercialización, ya que ella desarrollaba el giro de ventas de materiales de construcción, específicamente la venta de techumbres, negocio que realizaba en Angol Nº 81 de Concepción.
5º.- Que, la persecución y sanción de las infracciones tributarias plantea un debate doctrinario que debe tenerse en cuenta para la resolución de este tipo de asuntos. Así, en este aspecto, un autor expresa “en Chile el Decreto Ley Nº 830 de 1974, sobre Código Tributario, en su artículo 97, tipifica ambos ilícitos, esto es, infracciones tributarias constitutivas de contravenciones, sancionadas con penas de multas y penas corporales, esto es privativas de libertad”, y agrega, que existen, “b) Infracciones que tienen sanción mixta, pecuniaria y corporal: Son los números 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24 y 25” (Rodrigo Ugalde y Jaime García, “Curso sobre Delitos e Infracciones Tributarias, Lexis Nexis, año 2005). Como se puede constatar la situación de autos corresponde a un proceso de naturaleza infraccional, respecto de aquellas conductas que tienen sanción mixta, es decir corporal y pecuniaria según los claros términos de la denuncia.
6º.- Que, también contribuye a esclarecer la determinación de la naturaleza de la infracción tributaria, lo señalado en las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario Argentino, efectuado en Octubre de 2009, en las cuales, avocada a la delimitación entre delitos e infracciones tributarias se concluyó lo siguiente “que la determinación de la naturaleza de las infracciones fiscales, inserta dentro del marco de análisis de las infracciones en general, es una de las cuestiones jurídicas que más polémica ha suscitado en la doctrina y en la jurisprudencia, la cual ha esbozado, hasta la fecha, teorías que se están analizando a nivel doctrinario, puesto que las particularidades del derecho tributario todavía generan posiciones encontradas en torno a la estructura de los tipos infraccionales, que poseen contenido especial a partir de la existencia de una obligación tributaria o de un deber jurídico de cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la relación jurídica”. ( considerando primero del panel que trató el tema), concluyendo más adelante, “la naturaleza penal de las infracciones y contravenciones es aplicable a todas las leyes que contemplan sanciones. Con la aplicación de las normas y principios penales, en tanto dichas leyes no dispusieron lo contrario, se respetan los principios constitucionales de la garantía de defensa en juicio y debido proceso”.
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