Servicio de Impuestos Internos con Gabriel Antonio Inostroza Inostroza, Sergio Alejandro Ortiz Valenzuela, Luisa Cecilia Venegas Espinoza
| Tribunal | Corte de Apelaciones de Concepción |
|---|---|
| Rol | 91-2024 |
| Fecha sentencia | 15 mar 2024 |
| Recurso | Nulidad |
| Resultado | NO HA LUGAR Rechazada |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalLa Corte de Apelaciones de Concepción rechaza los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Inostroza y Ortiz, confirmando que el formulario N°4417 constituye instrumento público para efectos del tipo penal de falsificación, por ser un documento oficial emanado de funcionarios públicos actuando en su carácter de depositarios de fe pública.
Hechos
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Gabriel Antonio Inostroza Inostroza a cinco años y un día de presidio mayor por falsificación reiterada de instrumento público (artículo 193 N°2 y N°4 CP), y a Sergio Alejandro Ortiz Valenzuela a dos años de presidio menor por el mismo delito, ambos por falsificar formularios N°4417 de verificación de actividad en terreno del Servicio de Impuestos Internos el 11 de abril de 2016. Las defensas de ambos recurrieron en nulidad ante la Corte de Apelaciones de Concepción, alegando que el formulario N°4417 no constituye instrumento público sino solo documento oficial, por lo que no se configuraría el delito.
Considerandos clave
El tribunal afirma que el recurso de nulidad es de carácter extraordinario y debe fundarse solo en causales taxativas. Respecto a la cuestión central sobre la naturaleza del formulario N°4417, la Corte cita extensamente doctrina penal nacional (Etcheberry, Rojas, Balmaceda, Mayer y Vera Vega) que distingue entre documentos públicos y oficiales, concluyendo que ambas categorías son equivalentes para efectos de los delitos de falsedad documental. El tribunal estima que los formularios N°4417 son instrumentos públicos porque: (1) emanan de funcionarios públicos que actúan como depositarios de fe pública; (2) cumplen función de dar fe sobre lo constatado en terreno; (3) intervienen funcionarios en el cumplimiento de sus funciones legales. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (2008, 2009) y Corte de Apelaciones de Rancagua (2011) que reconocen documentos oficiales como públicos. Concluye que los sentenciadores optaron por una interpretación plausible y compartida por la doctrina, sin incurrir en error de derecho que influyera sustancialmente en la sentencia.
Resolutivo
Se rechazan los recursos de nulidad interpuestos por ambas defensas. La sentencia condenatoria de 20 de diciembre de 2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles queda firme en todas sus partes. Se condena a los sentenciadores al pago de costas, mas se reconoce que tuvieron motivo plausible para recurrir.
Texto de la sentencia
Concepción, quince de marzo de dos mil veinticuatro.
En este proceso Rol Nº91-2024 del libro penal de esta Corte de Apelaciones, RIT 59-2023, RUC 1700386528-2 proveniente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, Gonzalo Nicolás Zegpi Briones, Abogado, por el acusado don Gabriel Antonio Inostroza Inostroza, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada por el mencionado tribunal, con fecha 20 de diciembre de 2023, rectificado por resolución de 23 de diciembre de 2023, en virtud de la cual se condenó a su representado a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado mínimo y en cuanto a la pena accesoria atendida la extensión de la pena principal es que se dispone a su respecto la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, por su responsabilidad como autor, conforme al artículo 15 N° 3 del Código Penal, los delitos consumados de falsificación de instrumento público, en carácter de reiterados, previsto y sancionado en el artículo 193 N°2 y N°4 del Código Penal, cometido en esta ciudad, el día 11 de abril del año 2016, correspondiente a los hechos descritos en la acusación como HECHO 1 y todos aquellos del mismo tipo (en cuanto a la falsificación de instrumento público), recurriendo de la sentencia sólo en la parte en que lo condena por los hechos descritos en la acusación fiscal como hecho N°1.
Asimismo, Patricio Gutierrez Marinado, Abogado Defensor Penal Público, por su representado Sergio Alejandro Ortiz Valenzuela, interpuso recurso de nulidad en contra de la misma sentencia en virtud de la cual se condenó a su representado a la pena de DOS AÑOS de presidio menor en su grado medio y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor, conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, del delito consumado de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193 N°2 y N°4 del Código Penal, cometido en esta ciudad, el día 11 de abril del año 2016, correspondiente a los hechos descritos en la acusación como HECHO 1, recurriendo de la sentencia sólo en la parte en que condena a su representado, por los hechos descritos en la acusación fiscal como hecho N°1, y que fueron motivo de la condenatoria.
La vista del recurso se efectuó en la audiencia pública realizada el 26 de febrero del año en curso, alegando por el recurso de nulidad la abogada Defensora Penal Pública María Ignacia Henríquez en favor de su representado Sergio Ortiz Valenzuela y el abogado Gonzalo Zegpi Briones en favor de su representado Gabriel Antonio Inostroza Inostroza; y contra el recurso, el Fiscal Rodrigo Durán Fuica y la abogada del Consejo de Defensa del Estado querellante Paula Villalobos Lobos.
PRIMERO: Que en cuanto al recurso de nulidad formulado por la defensa de Gabriel Antonio Inostroza Inostroza, el recurrente lo fundó en la causal del artículo 374 letra a) del Código Procesal Penal, argumentando que se ha afectado el principio de reserva legal vulnerando el artículo 1699 del Código Civil, el que fue remitido para su conocimiento a la Excma. Corte Suprema, la que por resolución de 23 de enero de 2024 lo declaró inadmisible y lo remitió a la I. Corte de Apelaciones de Concepción para que, previa revisión en cuenta de la admisibilidad, determine si los argumentos en que se funda el recurso, pueden ser subsumidos en alguna de las causales que son de su competente y, si es del caso, fije audiencia para su conocimiento y fallo.
El recurrente sostiene que se han infringido los Artículo 19 N°3 incisos 7° y 8°, de la Constitución Política de la República, Artículo 193 del Código Penal, N°2 y N°4 , artículo 19, 20 y 1699 del Código Civil, Circular N° 08 del 07 de febrero del 2000 del Servicio de Impuestos Internos. Indica que según el artículo 1699 del Código Civil "Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario", teniendo dos requisitos:
-Que haya sido autorizado por funcionario competente.
-Que en su otorgamiento se cumplan las formalidades establecidas por la ley.
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