Sociedad Legal Minera Playa Brava con Servicio de Impuestos Internos

Que don Francisco Javier Donoso Barriga, abogado, en representación de la Sociedad Legal Minera Playa Brava, reclamante de autos, se ha alzado en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha trece de agosto de dos mil trece, escrita a fojas 76 y siguientes, en cuyo resolutivo I dispone el rechazo de la reclamación planteada por esa recurrente en su presentación de fojas 8 y siguientes, sin costas, dejando firme la Resolución Exenta Nº203301000005 de fecha 19 de noviembre de 2012, emitida por la III Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

2º) Que el recurrente, teniendo en cuenta los antecedentes aportados en primera instancia, entre ellos, su contabilidad completa, requiere de esta Corte que se proceda a dejar sin efecto lo resuelto por la señora juez a quo, y en definitiva dando lugar al reclamo impetrado en la litis, se ordene la devolución de los fondos solicitados mediante la declaración de Renta año tributario 2012, atendido, que a su juicio, dicha restitución procede conforme a la evidencia contable y respaldo de la misma aportados en el proceso.

3º) Que para resolver sobre el fondo del asunto, previamente es necesario tener en consideración que de acuerdo al artículo 21 del Código Tributario: "…Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero...”.

Por su parte el artículo 1698 del Código Civil, mandata que “…incumbe probar las obligaciones, o su extinción, al que alega aquéllas o ésta…”.

En consecuencia, la obligación tributaria, siendo de carácter legal, también debe ser probada, en cuanto a la existencia de aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley les asigna el efecto de hacer nacer dicha obligación, los denominados “hechos gravados”.

Nuestro sistema tributario por regla general es de autodeterminación, por lo menos en los impuestos principales, como lo son el gravamen a la Renta y al Valor Agregado. Es decir, se le entrega al contribuyente el deber de declarar la existencia de los hechos gravados por él realizados en el período, todo ello conforme a los artículos 29 y siguientes del Código del Ramo. En otras palabras, la ley tributaria presume la buena fe del contribuyente. Por lo tanto, lo normal, que es lo que se presume de acuerdo a las reglas generales, es que el contribuyente declare sus impuestos de buena fe, en caso contrario, de presumirse la mala fe, los impuestos los determinaría sólo la Administración.