Inmobiliaria e Inversiones Galilea y Escobar LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

PRIMERO: Que, primeramente, la parte apelante ha señalado que las liquidaciones que dan origen a estos autos son nulas por haber sido dictadas con infracción a los artículos 8 y 41 de la Ley N° 19.880.

SEGUNDO: Que, conforme al artículo 7 de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado actúan válidamente, previa envestidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, y en el caso de autos, el señor Director Regional de Impuestos Internos, ha actuado en su calidad de juez en virtud del artículo 115 del Código Tributario y desde luego ciñéndose en el procedimiento y en el fondo a las normas dadas en el Código antes señalado, y no podría haber sido de otro modo si el artículo 1° de la Ley 19.880, dispone que sus normas se deben aplicar supletoriamente cuando la ley tiene dispuesto procedimientos administrativos especiales, y más aún, si el artículo 18, señala claramente el concepto de procedimiento administrativo, el que tiene como especial característica el producir un acto administrativo terminal, naturaleza que las liquidaciones de impuestos no tiene.

Además, todo el procedimiento de liquidaciones de impuesto N° 31 y 32 practicadas por la XI Dirección Regional Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos, se realizó en base a las normas especiales señaladas en el Libro I, Título IV, Párrafo 1° del Código Tributario y dichas normas en ninguna de sus partes señala como obligatorios los requisitos que se dicen omitidos.

También, en la facultad jurisdiccional del señor Director Regional, en orden a dictar las correspondientes resoluciones de liquidaciones, la ley tributaria garantiza adecuadamente la posibilidad de presentar los recursos respectivos, con el fin de que el contribuyente no quede en la indefensión y pueda impugnar dichas resoluciones, todo lo que ha podido realizar sin ningún tipo de problemas el apelante, de modo que exigir que en ella se cumplan las exigencias del artículo 41 de la Ley N° 19.880, no resulta pertinente y más aún si el apelante no ha sufrido perjuicio alguno, y mucho menos porque en las respectivas liquidaciones no se señalaron los recursos que en contra de ella procedían.

Por otra parte, una supuesta violación a las normas del procedimiento administrativo no esenciales, no puede ser motivo para alegar causales de nulidad, sobre todo si no se han violado principios de imparcialidad o del derecho a ser oído.

TERCERO: Que, además, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, las nulidades procesales deben ser adoptadas con mucha cautela, reservándola solo para casos graves o de manifiesta injusticia, lo que a juicio de esta Corte, no ha sucedido en autos.

CUARTO: Que en relación a que las liquidaciones son nulas por haber tenido como antecedente una citación también nula ya que fue suscrita por don Víctor Zabala Sanhueza, Jefe del Departamento Regional de Fiscalizaciones –por orden del Director Regional- en virtud de una delegación de facultades publicada en el Diario Oficial del 5 de mayo del año 1987, delegación que en dicho diario no aparece, también se la desestimará ya que conforme al mérito de las fotocopias del Diario Oficial del 4 de mayo de 1987, que rolan de fojas 209 a 211, aparece que la Dirección Regional de Coyhaique, efectivamente delegó en el Jefe de la División de Fiscalización la facultad –entre otras- de citar al contribuyente conforme al artículo 63 inciso 2° del Código Tributario.