Ostoiic con Servicio de Impuestos Internos

PRIMERO: La parte reclamante dedujo recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado por la causal del numeral 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, expresando que lo hace en la parte que doctrinariamente se denomina extrapetita, por haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, medio extraordinario que se formula conjuntamente con el recurso ordinario de apelación.

Para argumentar el recurso indica que reproduce las alegaciones de su apelación; que uno de los motivos por los cuales se rechazó la alegación de caducidad de la acción de fiscalización del artículo 59 del Código Tributario fue porque se estimó que su parte no acreditó que los documentos aportados el 31 de agosto de 2017 hayan sido efectivamente entregados al Servicio en el proceso de auditoría, no pudiendo determinarse desde cuando debían contarse los 9 meses para establecer el plazo de caducidad, y por ende, el fiscalizador no estaba obligado a emitir la certificación que establece el referido artículo; que esa decisión está viciada porque utiliza como argumento principal una controversia ficticia, toda vez que es un hecho indiscutido que su parte acompañó todos los documentos para que el Servicio resolviera, lo que no hizo en 2 años y 8 meses; y que, además, el plazo de 9 meses establecido en el artículo 59 del Código Tributario, según la Excma. Corte Suprema, tiene el carácter de fatal, por lo que los demás argumentos por los que se rechazó el reclamo carecen de entidad, solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia de primera instancia y se dicte otra de reemplazo que acoja el reclamo tributario en todas sus partes, con costas.

SEGUNDO: Resumido el recurso, haciendo uso del arbitrio que al efecto otorga el inciso 3 del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, se lo desestimará, tanto porque de los antecedentes aparece de manifiesto que la parte recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación, cuanto porque no se divisa vicio que haya influido en lo dispositivo.

Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, considerandos y citas legales.

TERCERO: En cuanto al recurso de apelación, el abogado recurrente efectúa una extensa reseña sobre el desarrollo de la causa, diciendo que el reclamo versó sobre una fiscalización iniciada mediante un requerimiento de antecedentes, que el Servicio de Impuesto Internos denominó carta informativa, de 21 de junio de 2017, debido a que en la declaración renta de su representado existirían diferencias de impuestos, alegando que acudió al procedimiento de fiscalización el 31 de agosto de ese año, acompañó toda la documentación para poner término inmediato a la fiscalización, sin embargo jamás se dio respuesta al procedimiento, y después de 2 años y 8 meses, el 29 de abril de 2020, se le citó de conformidad al artículo 63 del Código Tributario, como si no hubiera comparecido, no mencionándose la comparecencia anterior, los documentos anteriormente acompañados, no hubo notificación, ni acto administrativo, estimando que por ello se contestó la citación dentro de plazo, y se acompañaron antecedentes, pese a que todos ya estaban entregados el 31 de agosto de 2017, y a pesar de ello se rechazaron sus defensas.

Sostiene que procede declarar la caducidad del procedimiento de fiscalización, de las acciones de fiscalización y la auditoría, por haber precluido la facultad de fiscalizar, citar y liquidar, ya que su parte concurrió y aportó todos los documentos solicitados por el requerimiento de antecedentes en agosto de 2017, cumpliéndose todos los requisitos para que opere el plazo de 9 meses para entender terminado el proceso de fiscalización, reiterando que desde el 31 de agosto de 2017 hasta el 29 de abril de 2020 su parte no recibió respuesta de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos, a la normativa sectorial, a las circulares del Servicio, sin realizarse gestión alguna en el proceso de fiscalización, y pese a que constantemente consultaban, el ente fiscalizador adoptó una actitud pasiva, creyendo su parte que la fiscalización había terminado; argumentando que la inactividad del Servicio contravino el artículo 8 bis del Código Tributario, ya que, sin perjuicio que no se levantó certificado de recepción total de los documentos, se entregaron todos los solicitados.

Expresa que la carta recibida por su representada no fue una mera comunicación, por el contrario, contenía los requisitos de una notificación de requerimiento de antecedentes, señalando qué tipo de inconsistencias existirían en la declaración de Impuesto a la renta, qué documentos se debían acompañar, la fecha en que debían presentarse, y el motivo principal, diferencias en la declaración de renta por inconsistencias en enajenaciones de derechos, o acciones y dividendos no declarados, conteniendo además la orden de rectificar las diferencias de impuesto; agregando que el argumento del ente fiscalizador en el sentido que el requerimiento no es lo suficientemente detallado para aplicar el artículo 59 del Código Tributario no es efectivo, porque todo requerimiento tiene una parte genérica o compleja y no por eso convierte en inaplicable una norma legal, y tampoco determina su falta de aplicación la ausencia de algún documento nimio, innecesario o inaplicable al caso concreto, de manera que cualquiera sea la interpretación, operó el silencio administrativo, previsto en el artículo 65 de la Ley 19.880.