Hitschfeld Winkler Alicia Rita con Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su considerando décimo, que se elimina; y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que se eleva la presente causa por apelaciones que dedujeran la parte reclamante y reclamada en procedimiento tributario de aplicación general, tramitado ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, en contra de la sentencia escrita a fojas 257, que acogió parcialmente el reclamo, confirmando las resoluciones Nº402 a 407 y modificando la liquidación Nº161, estimando como base imponible para la aplicación del impuesto único del artículo 21, inciso primero, literal ii), de la Ley de Impuesto a la Renta el 60% del valor de tasación fijado en las resoluciones referidas rebajado por el 60% del valor libro de los bienes del activo fijo que fueran enajenados, a efectos de aplicar el señalado tributo en tasa de 35%, con el reajuste contemplado en el artículo 72 de la misma norma.

Segundo: Que, el reclamante insta porque se acoja su recurso y se enmiende la sentencia de primer grado en el sentido que se deje sin efecto cada una de las resoluciones impugnadas -Nº402 a 407- y que se deje sin efecto consecuencialmente la liquidación Nº161 en todas sus partes, tanto en la determinación del impuesto, como en la aplicación de reajustes, intereses y multas sobre éste.

Funda lo anterior en que a su juicio la norma del artículo 21 inciso primero, numeral ii) del DL Nº824, de 1974, grava con impuesto único el mayor valor obtenido de las enajenaciones de inmuebles, dentro de lo que no es posible entender contenida la venta de la nuda propiedad, por cuanto aquella es la transferencia de la facultad de disposición que accede al derecho de dominio, desprovista de las de uso y goce y por tanto, siendo sólo una parte del derecho de propiedad el que se vende.

Así las cosas, el principio de legalidad tributaria exige a su vez que el hecho gravado se encuentre expresamente determinado por el legislador y que por ende, aquellos son de interpretación restrictiva por lo que no es posible subsumir una operación como la venta de la nuda propiedad sobre inmuebles dentro del supuesto de enajenación de los mismos, ya que no se ha transferido la totalidad de las facultades que componen el derecho de dominio, desnaturalizándose éste.

Lo anterior, impide a su vez que el Servicio de Impuesto Internos pueda ejercer su facultad de tasar el valor de enajenación de los inmuebles en cuestión, agregando que en cualquier caso, para ello debe proceder conforme a la comparación con operaciones de similar naturaleza, lo que en la especie no ha ocurrido y aun cuando así fuera, no es posible determinarlo por la falta de claridad de la información contenida a ese respecto en las resoluciones impugnadas.

Añade que, en cualquier caso, las resoluciones son nulas por haber sido dictadas por un funcionario que carecía de competencias para ello y que lo dicho importa una transgresión al principio de juridicidad y legalidad de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, acarrando la sanción de ineficacia absoluta, que opera de pleno derecho.