Cristian D. Díaz Barría en Favor de Alicia Mayorga Uribe y Otros con Servicio de Impuestos Internos
| Tribunal | Corte de Apelaciones de Punta Arenas |
|---|---|
| Rol | 536-2016 |
| Fecha sentencia | 24 jun 2016 |
| Recurso | Protección |
| Resultado | NO HA LUGAR Rechazada |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalCorte rechaza recurso de protección por falta de acto arbitrario o ilegal imputable al SII; la clausura se aplica conforme a ley por infracción tributaria de la propietaria, no del recurrido.
Hechos
Casa de Reposo Virgen María incurrió en infracción tributaria (no emitir boletas) sancionada por SII con multa y clausura. Director Técnico Cristián Díaz Barría interpone recurso de protección en favor de adultos mayores residentes, alegando riesgo a su salud e integridad al ser trasladados. El SII había ya rebajado sanciones por la primera infracción con apercibimiento de clausura acumulativa si reiteraba; la propietaria reincidió. Tribunal Tributario y Aduanero y Corte de Apelaciones no constan como instancias previas; recurso llega directamente a Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Considerandos clave
El tribunal establece que el recurso de protección requiere acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales. Constata que: (1) la actuación del SII se realiza conforme a marco legal sin arbitrariedad, dando cumplimiento al artículo 97 N°10 del Código Tributario; (2) la necesidad de traslado es consecuencia directa de la conducta infractora de la propietaria, quien actuaba bajo apercibimiento expreso; (3) la situación de los adultos mayores no es imputable al SII, sino a la propietaria infractora. Añade que las medidas de resguardo y traslado corresponden a autoridades administrativas competentes (Seremi de Salud, Servicio Nacional del Adulto Mayor) y a responsables del cuidado (propietaria, Director Técnico, familias), no a la Corte, la cual solo interviene si aquellas actúan arbitraria o ilegalmente.
Resolutivo
Se rechaza el recurso de protección sin costas. Queda firme la resolución del SII que impone multa y clausura por infracción tributaria de la propietaria del establecimiento.
Texto de la sentencia
Punta Arenas, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
A fojas 10 y siguientes, don CRISTIÁN DÍAZ BARRÍA, kinesiólogo, domiciliado en calle Cruz Ramírez N°064, de la ciudad de Punta Arenas, comparece en su calidad de Director Técnico del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores denominado “Casa de Reposo Virgen María”, interponiendo un recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado legalmente por su Director Regional don FERNANDO BARRAZA LUENGO.
Deduce esta acción cautelar en beneficio de doña ALICIA MAYORGA URIBE, Rut 10.505.408-4; ENRIQUE BIERE DIAZ, Rut 4.055.677-K; JOSE DEL CARMEN AGÜERO VARGAS, Rut 4.613.301-3; MARÍA ASUNCIÓN NAVARRO AGUILAR, Rut 1.689.212-2; CRISTINA CALLAHAN ALVAREZ, Rut 6.040.982-K; MARÍA DEL CARMEN YAÑEZ VILLEGAS, Rut 6.411.216-3; MARÍA LUCILA CATELICAN CATELICAN, Rut 3.952.788-K; MARIO ARNOLDO ULLOA BERNALES, Rut 4.510.238-6; MIGUEL ANGEL GONZALEZ FIGUEROA, Rut 7.329.081-3; y PEDRO PASCUAL COLIVORO CHIGUAY, Rut 6.040.418-6, todos residentes en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores “Casa de Reposo Virgen María”, ubicado en calle Covadonga N°62 de la ciudad y comuna de Punta Arenas, de propiedad de doña María Elizabeth Rivera Soto, Rut 8.013.700-1.
Expone que, el Servicio de Impuestos Internos por Resolución de fecha 6 de mayo de 2016, Rol 6122050146/2016 procedió a cursar una multa ascendente a $1.125.000 pesos, junto con la sanción de clausura del recinto, producto de la infracción al artículo 97 N°10 del Código Tributario, esto es por no emitir una boleta de alojamiento en el mes de marzo de 2016.
El actor hace presente que no desconoce, ni duda de la procedencia de la obligación legal del Servicio de Impuestos Internos de cursar infracciones ante la vulneración de la ley tributaria por la dueña del establecimiento, en su calidad de contribuyente.
Sin embargo, agrega que sin perjuicio de ese reconocimiento, es su obligación velar por la salud e integridad de los adultos mayores que residen en la casa de reposo, varios de los cuales se encuentran en estado de senilidad e incluso de abandono familiar, por lo que estima que su traslado implica riesgos para la salud de los mismos, ya que las condiciones de dependencia funcional y de alteración de sus capacidades cognitivas dificultan el traslado de estas personas. Agrega que muchos de ellos presentan condiciones de pluripatología con fármacos de modo que una modificación en su administración podría generar una descompensación en su salud.
En virtud de lo anterior el recurrente manifiesta que, a su juicio, es necesario el resguardo de la salud de los residentes en el momento del traslado, como también llevarlos a un lugar adecuado mientras se regularice la situación tributaria de la propietaria, debiendo tenerse en cuenta que actualmente no hay cupos para adultos mayores en otros establecimientos de larga estadía en la ciudad de Punta Arenas. En este sentido agrega que no se ha encontrado otra institución que pueda ayudar en la resolución de este problema por cuanto existe un vacío sensible en nuestra institucionalidad respecto a la protección de los adultos mayores, por lo que la única alternativa es recurrir a la Corte con este arbitrio constitucional.
Fundamenta su recurso indicando que se encuentra amenazada o perturbada la garantía constitucional del art. 19 Nº1 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, por lo que en conformidad con el artículo 20 de la misma Carta esta acción resulta procedente, ya que existe una grave amenaza para la salud de los adultos mayores en caso de aplicarse la sanción de clausura sin ningún tipo de resguardo a los derechos fundamentales de estos últimos.
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