Servicio de Impuestos Internos con Juzgado Civil de Peumo

PRIMERO: Que, con fecha 28 de septiembre del año 2026, comparece doña Lorena Urrutia Molina, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, en causa por el delito tributario, seguida contra Francisco Javier Orellana Sepúlveda, RIT O-1046-2024, seguido ante el Juzgado de Garantía de Peumo y deduce recurso de hecho en contra de la resolución dictada por el Juez de Garantía de Peumo, de fecha 25 de septiembre de 2026, que denegó el recurso de apelación interpuesto por su parte contra la resolución pronunciada en audiencia de 14 de septiembre de 2026, solicitando se acoja el presente recurso, se declare admisible la apelación denegada y se disponga su tramitación conforme a derecho de conformidad a los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que en su presentación expuso.

Indica como antecedentes, que el 4 de junio de 2026 el Juzgado de Garantía de Peumo dictó sentencia en procedimiento abreviado, en la que condenó a Francisco Javier Orellana Sepúlveda, por delitos del artículo 97 N°4 inciso 2° del Código Tributario, a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, sustituida por libertad vigilada intensiva, y a una multa de $71.639.608, pagadera en doce cuotas.

Señala que dicha pena no fue debatida en la audiencia, por haber renunciado la defensa a los plazos, lo que impidió a su parte aportar al Juez de Garantía los antecedentes reales de la situación económica del condenado, y que el perjuicio fiscal fue resuelto mediante la rectificación de las diferencias de impuestos en el año 2018, las que se encuentran en cobranza ante la Tesorería General de la República, sin que el condenado las haya pagado hasta la fecha.

Expone que en audiencia de 14 de septiembre de 2026, celebrada para revisar el cumplimiento de la multa conforme al artículo 49 del Código Penal, el tribunal declaró la imposibilidad de pago y no aplicó apremio ni sustitución, considerando un informe socioeconómico y el percibo de un sueldo mínimo, y dispuso oficiar al Consejo de Defensa del Estado para la tramitación del cobro civil, lo que estima improcedente, pues dicho organismo no interviene en ese cobro, que se sigue entre el Servicio y la Tesorería.

Agrega que su parte quedó excluida de esa audiencia por aplicación del artículo 466 del Código Procesal Penal, en virtud de un incidente promovido por la defensa antes de su realización, y que tampoco concurrió el Consejo de Defensa del Estado.

Refiere que el 19 de septiembre de 2026 interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, por haber sido adoptada sin considerar antecedentes económicos y patrimoniales objetivos, pues, según las bases del Servicio, el condenado registra sociedades y facturación por más de $600.000.000 durante los años 2025 y 2026, antecedente que no se puso a disposición del tribunal.

Añade que el 21 de septiembre de 2026 el tribunal ordenó aclarar su calidad de interviniente conforme al artículo 466 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, el 24 de septiembre cumplió lo ordenado, sosteniendo que la limitación para intervenir en la revisión de la multa no equivale a la extinción de las calidades de víctima y querellante adquiridas en el procedimiento. El 25 de septiembre el tribunal denegó la apelación, por considerar que, en ese estado procesal, el Servicio no tiene calidad de interviniente en los términos del artículo 466, resolviendo “no ha lugar”.