Minera Relincho con Servicio de Impuestos Internos XV DR STGO Oriente

1°) Que la empresa contribuyente, Minera Relincho Limitada, deduce en esta instancia incidente de prescripción de la Liquidación Nro.68, emitida el 9 de mayo de 2017 por la XV Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, que declaró como improcedente la pérdida tributaria declarada en el Formulario 22 del Año Tributario 2016, modificó el resultado tributario y no dio lugar a la solicitud de devolución de $1.603.844.905.- por concepto de Pago Provisional de Utilidades Absorbidas.

Afirma que se ha infringido la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 8° Nro. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 19 Nro. 3, inciso 6° de la Constitución Política de la República porque desde la fecha de presentación de su reclamo en sede judicial, el 25 de agosto de 2017, hasta aquélla en que se ha dictado sentencia, el 20 de noviembre de 2023, han transcurrido más de 6 años, lo cual la ha dejado en incertidumbre.

Cita jurisprudencia en su favor y previa referencia a los artículos 200 y 202 del Código Tributario, pide se deje sin efecto la Liquidación Nro.68, emitida el 9 de mayo de 2017.

2°) Que es necesario recordar que el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos regula las garantías judiciales, en efecto dispone que: “[t] oda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Sin embargo, dicha norma dice relación únicamente con una consideración de “racional y justo procedimiento” y no se relaciona con otros aspectos sustantivos, como la prescripción extintiva.

3°) Que, por otra parte, dicha norma se refiere a un “plazo razonable” sin precisar una duración determinada ni cuáles serían las consecuencias en el evento de estimarse vulnerado dicho plazo razonable. Por lo que no debe confundirse el término “prescripción” con el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, ya que este último está referido únicamente a exigir una rápida y oportuna acción de la justicia y de esta forma garantizar un debido proceso y no como un modo de extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo, a través de la prescripción extintiva.

Así, al no haber expresado la ley qué debe entenderse por un plazo razonable, corresponde determinar si se ha vulnerado dicha norma, teniendo en cuenta, como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal, entre otros, la actividad procesal de las partes, de las autoridades judiciales llamadas a intervenir en ellas y las garantías afectadas.

4°) Que, en este contexto, a juicio de esta Corte no puede estimarse que se haya excedido lo que debe entenderse como plazo razonable que indica la norma señalada, toda vez que iniciada la tramitación del reclamo tributario continuó la prosecución del juicio conforme a derecho, sin que se observe infracción a la garantía de un racional y justo procedimiento, en tanto su substanciación se ajustó a la legalidad vigente, ejerciendo las partes los derechos que las normas procesales reconocen, sin que se adviertan demoras injustificadas que causen un perjuicio objetivo al reclamante.