Palma Fritz Fernando con Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de los considerandos 9, 10, 11 y 20.

1°) Que el recurrente pretende la revocación del fallo amparado en dos supuestos, uno que el procedimiento debió tramitarse en la causal ROL 10.396-2002, no habiendo sido de tal forma, lo obrado en la presente causa es nulo. Luego, en forma conjunta y subsidiaria, invoca el artículo 200 del Código Tributario, al haber trascurrido más de seis años entre la fecha de notificación de las liquidaciones Nos. 353 a 385 y la fecha en que se inició ésta causa- 18 de octubre de 2002 al 28 de septiembre de 2010-.

2°) Que, en cuanto a la nulidad de lo obrado en la presente causa Rol 10.843-09, se funda en el cambio de rol primitivo (10.396-2002), a partir de la fecha en que se invalido el procedimiento al tramitarse por juez delegado, lo que a su juicio constituye un nuevo proceso con lo que se incumplió lo ordenado por la Corte en darle tramitación a la reclamación de su parte e impidió conocer del mismo, lo que sólo ocurrió con la notificación del auto de prueba. También alega infracción al artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, en tanto que al iniciarse la nueva causa no tuvo oportunidad de una defensa jurídica.

3°) Que, en primer término, cabe señalar que no se vislumbra el perjuicio causado al contribuyente por el cambio de rol, en tanto que ocurrido, le fueron notificadas todas las resoluciones en el mismo domicilio que registra en su reclamo, haciéndose expresa referencia a ambos roles, según se observa a fojas 214, 215, 227, 237 a 239.

4°) Que además, cabe tener presente, que notificado el recurrente del auto de prueba, tuvo la posibilidad de reiterar la documentación ofrecida en su reclamo, lo que no ocurrió y, que por otra parte al darse un nuevo rol de ingreso, en circunstancias que aquel ya tenía uno asignado, no constituye un vicio procesal que invalide lo obrado, por ser la asignación del Rol una cuestión de orden administrativo.

5°) Que el recurrente señala vulnerado el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado, en tanto no era posible que el Servicio iniciara una nueva causa con hechos que ya habían sido conocidos en una anterior, siendo afectado en su “derecho a la defensa jurídica”, ya que aun cuando era asesorado por un abogado, solo supo de la existencia cuando se notificó el auto de prueba.

6°) Que no se aprecia la afectación que señala el recurrente, puesto que la norma constitucional citada en el motivo anterior asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el “ejercicio de sus derechos”, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención de un letrado si hubiere sido requerido, lo que se aleja de la fundamentación ya consignada.