Adexus S a con Servicio de Impuestos Internos

I.- En cuanto a la objeción de documentos:

Primero: Que, el legislador ha establecido, taxativamente, que las causales de impugnación documental son: la nulidad, la falsedad (ideológica o material del instrumento) y la falta de autenticidad.

Segundo: Que, el fundamento de la impugnación documental realizado por la parte reclamante no participa de ninguna de las causales legales anteriormente señaladas, salvo la indicación de su propia valoración probatoria respecto de los instrumentos objetados, motivo por el cual, se rechazará la incidencia promovida.

II.- En cuanto al recurso de apelación impetrado por la reclamada:

Tercero: Que, el fondo de la cuestión debatida dice relación con el cuestionamiento que realiza el Servicio de Impuestos Internos, respecto del valor y los efectos jurídicos que produjeron las donaciones realizadas por la reclamante a diversas Universidades e Institutos profesionales, los que a su juicio, por no concurrir el elemento de la gratuidad, tornaría dichos contratos en actos jurídicos diversos que no los harían merecedores de los beneficios tributarios de ser considerados créditos contra el impuesto de primera categoría.

Cuarto: Que, para la acertada resolución del asunto, conviene precisar que las donaciones, en tanto acto jurídico, producen sus efectos una vez perfeccionado el concurso de voluntades respecto de los contratantes que lo celebran. En consecuencia, el acto jurídico valdrá respecto de las partes y respecto de terceros, mientras no concurra a su respecto una causal de ineficacia jurídica declarada judicialmente por tribunal competente.

Quinto: Que, el cuestionamiento del valor jurídico de las donaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos tanto en fase administrativa, como en la instancia jurisdiccional, solamente pudo haberse circunscrito al cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el artículo 69 de la Ley N°18.681 vigente a la fecha y los contenidos en la Circular N°24 de 7 de mayo de 1993, para impetrar las donaciones como beneficio tributario, pero no para cuestionar el valor jurídico de los efectos de los actos celebrados válidamente por los contratantes.