Asesorias e Inversiones Triana Limitada con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que, en estos autos, Asesorías e Inversiones Triana Ltda. deduce reclamo en contra de la Liquidación Nro. 1231, de 30 de noviembre de 2016, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en la que se determinó una diferencia respecto al Impuesto Único por término de Giro de $78.497.028, por no haberse aportado por la actora documentos que acreditaran el correcto cálculo de la base Imponible.

Luego, atento a lo que fuera expuesto en el reclamo y en el traslado evacuado por el Servicio de Impuestos Internos la controversia del juicio quedó radicada en los hechos que dan cuenta los siguientes puntos de prueba: 1.- Efectividad de haber acreditado el reclamante correctamente la base imponible del Impuesto Único por el Término del Giro. Antecedentes, hechos y circunstancias que lo acrediten y 2.- Antecedentes, hechos y circunstancias que permitirían acreditar la prescripción alegada por la reclamante.

La juzgadora del grado, haciéndose cargo de cada uno de dichos puntos fijados concluyó rechazando, por sentencia definitiva, el reclamo formulado.

Segundo: Que la reclamante dedujo recurso de apelación en contra de dicha resolución esgrimiendo, en primer lugar, que de la prueba rendida por su parte es posible comprobar que el día 19 de julio de 2013, su representada presentó “Término de Giro” ante el Servicio de Impuestos Internos, acompañando los antecedentes correspondientes, como es el Balance final, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario. Añade que en virtud de lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos emitió la liquidación del impuesto y el giro correspondiente, el que fue pagado por la actora, cumpliendo de esta forma con su obligación tributaria, lo que, en definitiva, le permitió acceder al certificado de Término de Giro. Adiciona que el problema es que el sentenciador, cuestiona el hecho de que el Servicio haya revisado efectivamente los documentos de respaldo acompañados a dicha Declaración, antes de liquidar el impuesto y emitir el giro correspondiente. Sin embargo, afirma, lo anterior de manera alguna puede ser responsabilidad de su representada; quien actuó conforme a derecho. Aduce que si el Servicio revisó o no los antecedentes efectivamente acompañados al momento de presentar el Formulario de Término de Giro es únicamente responsabilidad del Servicio, por lo que no resulta correcto que por una omisión de éste se intente, 3 años después, perjudicar a la reclamante determinando supuestas diferencias de impuesto.

Continúa señalando que el procedimiento de término de giro es un procedimiento administrativo y, por lo mismo, se rige supletoriamente por la Ley Nro. 19.880. En ese sentido, dice, conforme al principio conclusivo es que resulta evidente que el certificado de Término de Giro emitido por el Servicio de Impuestos Internos es un acto administrativo terminal, y que, en virtud de lo anterior, goza de la presunción de legalidad e imperio, además de exigibilidad. Afirma que, por lo mismo, el Servicio no puede pretender invalidarlo sin más. Además, indica, el sentenciador no toma en consideración que como procedimiento administrativo este se encuentra regulado en la Circular Nro. 66 de 1998, y en ninguna parte de dicha Circular se indica que lo allí dispuesto no aplica para los casos que la presentación sea online y no presencial, como aduce la sentencia..

Seguidamente, sostiene la actora que ha operado en el caso sub lite la prescripción de la acción. Al efecto refiere que tanto el certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos como el pago del giro de impuesto correspondiente al término de giro son de 19 de julio de 2013; y la notificación de la Citación Nro. 184 se realizó el 30 de agosto de 2016, es decir, habiendo transcurrido el plazo de 3 años que establece el artículo 200 del Código Tributario, por lo que resulta evidente que la acción de fiscalización del Servicio se encontraba prescrita al momento de emitir la Liquidación Nro. 1231 de 30 de noviembre de 2016. Por tanto, afirma, habiendo transcurrido en este caso el plazo de 3 años que establece la Ley para la acción fiscalizadora del Servicio es que corresponde declarar su prescripción dejando sin efecto la Liquidación reclamada.

Tercero: Que de lo expuesto aparece, entonces, que el apelante no discute propiamente la diferencia respecto al Impuesto Único por término de Giro que se le ha liquidado, sino que plantea que el certificado de término de giro corresponde a un acto administrativo terminal que produce efectos jurídicos que son vinculatorios para el órgano que lo dictó, que no puede ser invalidado con la liquidación. Postula a continuación que, con todo, si se asumiera como válido el acto impugnado, corresponde aplicar la prescripción, toda vez que el plazo que el ente fiscalizador tenía para reliquidar diferencias se cuenta de la fecha de la liquidación.