TIVIT Chile Tercerización de procesos, Servicios y Tecnología SpA con Servicio de Impuestos Internos

PRIMERO: Que, comparece Rosario Sepúlveda Retamal, abogada, por la reclamada Servicio de Impuestos Internos (SII), quien deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, que acogió sin costas el reclamo tributario deducido por TIVIT CHILE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA SpA (antes SYNAPSIS SPA) en contra de la LIQUIDACIÓN Nro. 87, de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, modificada por la Resolución Exenta Nro. 100.322/2019, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dejándola sin efecto; y pide que se revoque la sentencia de alzada, enmendándola conforme a derecho, confirmando íntegramente la Liquidación Nro 5tt° 87, reclamada, con costas.

Además, en la instancia se adhirió a la apelación el reclamante, solicitando se confirme la sentencia de autos, pero además que se acoja la alegación de incompetencia de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, para emitir la Citación Nro. 36, a la que se refiere el proceso, y que formuló en su reclamo, y con ello, se declare que la Liquidación subsecuente, objeto del reclamo, fue emitida fuera de plazo, de acuerdo con el artículo 200 del Código Tributario, ya que, como la Citación fue defectuosa, extendió inválidamente el plazo de prescripción.

SEGUNDO: Que, al respecto, la apelación deducida refiere que la sentencia le causa agravio, pues deja sin efecto la Liquidación Nro. 87 emitida por ese Servicio y ordena la devolución de los montos solicitados por la parte reclamante. Agrega que, “si bien la sentencia deja establecido que el Servicio actuó dentro de su competencia (primera alegación de la reclamante), el agravio en cuestión se ha provocado por una errada interpretación de la Ley en la sentencia recurrida. En cuanto a la forma, respecto del plazo contenido en el artículo 59 del Código Tributario, y la manera de contabilizarlo. En cuanto al fondo, respecto al costo tributario de los activos subyacentes.

Acusa que, “la sentencia en el considerando VIGESIMO OCTAVO concluye que el Servicio habría emitido la Citación Nro. 36 fuera de los plazos del artículo 59 del Código Tributario, plazo que tendría el carácter fatal. Tal conclusión es arribada, “a pesar de reconocer que en las modificaciones introducidas por la Ley Nro. 20.780 de 2014 se eliminó la expresión fatal del artículo 59 del Código Tributario; y, además, habiéndose fundado en lo establecido en el artículo 49 del Código Civil.

Indica que, la sentencia afirma que “al emitirse la Citación fuera de los plazos establecidos en el artículo 59 del Código Tributario, acarrearía la nulidad de la referida Citación, estimando que los indicados plazos se deben contar desde que la sociedad entregó al Servicio los documentos solicitados por el requerimiento, aunque sea una entrega parcial. Manifiesta que, la norma establece un plazo de 94 meses para que el Servicio de Impuestos Internos realice una fiscalización, una vez que cuente con todos los antecedentes requeridos para ello. Sin embargo, el artículo no dice que este plazo será fatal ni tampoco establece que su incumplimiento acarree como sanción la nulidad del acto.

Estima que la aplicación del artículo 59 del Código Tributario contiene dos errores: uno de procedencia y otro literal. El primero, de procedencia. Frente a una norma cuyo sentido no le parece claro, el sentenciador no aplica el artículo 19 del Código Civil, tratando de averiguar su sentido o espíritu, saltándose esta instancia y aplicando (a su entender, pero sin referencia expresa) el artículo 22 del Código Civil a fin de ilustrar un pasaje obscuro de la ley tributaria mediante una norma civil donde ve una resolución del asunto (artículo 49 Código Civil). Sin embargo, esta remisión resulta errada en principio por la razón ya expuesta; el sentido de la norma era claro y a la luz de la modificación legal referida, la intención del legislador también era clara, por ende, ya no cabía integración normativa alguna. Pero incluso si, a pesar de todo, persiste en aplicar vía interpretativa el artículo 49 del Código Civil, antes corresponde descartar la aplicación de normas especiales de acuerdo al principio contenido en el artículo 13 del Código Civil, que a propósito de los efectos de la Ley dispone el principio de especialidad, de acuerdo al cual, las disposiciones especiales prevalecen, sobre las generales. Siendo las normas generales, aquellas contenidas en el Código Civil y las especiales, primero las normas tributarias y, en segundo orden, las normas administrativas.” En esto último, afirma que yerra el tribunal porque no aplicó las normas especiales que regulan la materia, como lo ordena el artículo 13 del Código Civil y por cierto el inciso segundo del artículo 22 del mismo Código que ordena buscar con preferencia la solución en normas que versen sobre el mismo asunto. Agrega que el procedimiento donde se ejerce la facultad de fiscalización de este Servicio es un procedimiento eminentemente administrativo, por ello rigen de manera supletoria, en primer orden, la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Advierte que en el ámbito administrativo Ley Nro. 19.880, no establece la fatalidad de los plazos, y que resolvería el incumplimiento de plazos con otra sanción (no la ineficacia o nulidad del acto), debido al principio de conservación de los actos administrativos establecido en el inciso tercero del artículo 13 de esa Ley. Teniendo presente tal principio, el inciso segundo del artículo 10, soluciona la cuestión al disponer que: “Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.”.

Finalmente, en cuanto al fondo, afirma que la sentencia se equivoca “al incluir en el costo tributario las inversiones que la sociedad chilena poseía en el extranjero, basándose como lo hizo en que la Ley no regulaba expresamente esta situación, toda vez que ante tal falta correspondía integrar las normas propias del costo y el acertamiento tributario a fin de mantener la coherencia del sistema tributario y una justa tributación del hecho gravado.” Agrega que, “si bien la ley excluye las inversiones que las empresas chilenas tienen en el extranjero para efectos de determinar el valor corriente en plaza de los activos subyacentes y no lo hace expresamente para su costo tributario, de ello no sigue ni se puede inferir que está negando este esta posibilidad.”