Calderon Kohon Susana Patricia con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que, en relación con los reproches formulados por la parte reclamante, en cuanto a la calificación jurídica oficiosa del juez en la sentencia, respecto del efecto jurídico que motivó la imposición del tributo una vez disuelta la sociedad y la creación de una nueva, en cuya virtud el Servicio de Impuestos Internos calificó el acto como una permuta, mientras que el juez en sus razonamientos concluyó que se produjo un incremento patrimonial susceptible del tributo contenido en la Ley de la Renta, dicha actuación debe ser analizada sobre la base de los antecedentes que se pasan a indicar.

Segundo: Que, se ha señalado que como garantía de imparcialidad e independencia el órgano jurisdiccional debe aplicar estrictamente la ley. Si ha de acoger una pretensión o rechazarla será siempre a través de una tesis jurídica, que podrá coincidir o disentir con las sustentadas por las partes. Por eso, es difícil entender que el juez actúa como abogado o asesor de las partes cuando cumple lo esencial de su función: resolver el conflicto conforme a Derecho, motivando sus decisiones. (…) Si la decisión aplicativa de las normas jurídicas, respeta íntegramente los hechos expuestos en la demanda, la prueba producida en juicio, y la petición, no hay pérdida de imparcialidad por encontrar el juez otras razones jurídicas para conceder lo solicitado (HUNTER AMPUERO, Iván. La aplicación judicial del Derecho en el proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, Legal Publishing Chile, Santiago, 2015, p. 85).

Tercero: Que, del atento examen de la discusión dialéctica sostenida por los litigantes, no se observa en el ejercicio intelectual del Juez de primer grado un ejercicio hermenéutico que haya dejado en indefensión a la reclamante, como parte perjudicada de la liquidación reclamada, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos le aplicó un impuesto sobre la base de entender que a su respecto se produjo un incremento patrimonial, cuya causa jurídica la explicó por la existencia de una permuta, mientras que el juez la explicó sobre la base de los mismos actos jurídicos celebrados. En suma, el Juez no alteró de forma alguna los presupuestos fácticos de la discusión, motivo por el cual su decisión no puede ser entendida como atentatoria del principio de congruencia procesal.

Cuarto: Que, refuerza este razonamiento el hecho que la imparcialidad como valor fundamental del proceso no se pierde por la búsqueda de argumentos fuera de los esgrimidos por las partes; el juez no deja de ser tercero ni menos se compromete con los derechos e intereses objeto del litigio por argumentar jurídicamente en forma diversa a la tesis que escoge. Es más, la selección de argumentos jurídicos por parte del juez no es más que el resultado de una distribución previa de roles que ha consagrado el legislador en orden a adjudicar a las partes, exclusivamente, la introducción de los hechos relevantes y una precisa calificación jurídica identificatoria de la tutela solicitada, y al juez, la tarea de proveer el Derecho aplicable a esos hechos jurídicamente calificados con plena libertad en el ámbito de la fundamentación jurídica (Ob. cit. p. 86).

Quinto: Que, refuerza las ideas antes anotadas los razonamientos expresados por la Excma. Corte Suprema, en cuanto a que se ha dicho que respecto al vicio de falta de consideraciones de la sentencia, consagrado en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los numerales 4 y 5 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, procede siempre que la sentencia no contenga la fundamentación jurídica, pero no cuando ésta fundamentación no se ajusta necesariamente a la sustentada por las partes (V. C. Suprema, sentencia en causa rol 7034-2010 de 13 de octubre de 2011).

Por estas consideraciones y atendido el mérito de autos, los fundamentos de la sentencia en alzada, los que son compartidos por esta Corte y lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes del Código Tributario, se confirma la sentencia apelada de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 456 y siguientes.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda, quien fue del parecer de revocar la referida sentencia, acoger el reclamo y dejar sin efecto la Liquidación N°134 de 31 de julio de 2012, sobre la base de los siguientes fundamentos: