Carolina Yrarrázabal Vargas con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Tributario, en lo que interesa y resulta aplicable al presente proceso, dentro de los plazos de prescripción el Servicio de Impuestos Internos podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Añade el precepto que cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, éste dispondrá del plazo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros.

Pues bien, en el caso de la especie no existe controversia en orden a que mediante Carta N° 250116957 de 12 de agosto de 2015 se requirió a la contribuyente aportar determinado antecedentes y que ésta el 13 de noviembre de 2015 concurrió a la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos y acompañó documentación, levantándose el Acta de Recepción de Antecedentes Folio N° 49. En este último documento, que en copia rola a fojas 28, se lee bajo la firma de la funcionaria fiscalizadora del Servicio, en lo pertinente, que ésta “recepciona o accede totalmente de parte de Don(ña) YYYY, RUT N° 111, en representación del Contribuyente: XXXX, RUT N° 111, domiciliado en A, los siguientes antecedentes: fotocopia de poder notarial de la contribuyente hacia el mandatario junto con fotocopia del carnet del mandatario, fotocopia de comprobante de depósito de cheque (pago por venta de bien raíz a la contribuyente); fotocopia del cheque que le emite la contribuyente al RUT 111, junto con comprobante de depósito; fotocopia de escritura de compra de propiedad por 2.505.661-2 Repertorio 39.514-2012 y su inscripción RC; fotocopia de escritura de compra de propiedad por la contribuyente Repertorio 26.910-2013 y su inscripción RC y fotocopia de escritura de venta de propiedad al RUT 111 y su inscripción”. Más abajo en el mismo instrumento se lee en las “Notas” que “el cómputo del plazo de inicio de la revisión, rige una vez que se cuente con la totalidad de la documentación requerida en la notificación del antecedente”. En la sección “Notif. N°” que se ubica en la esquina superior derecha del formulario no hay sin embargo referencia a notificación alguna.

Segundo: Que en este contexto normativo y fáctico, esta Corte comparte los razonamientos del tribunal a quo en cuanto a que la Citación N° 240, de 26 de abril de 2018, fue practicada cumplido con creces el término de nueve meses que prevé el citado artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

En efecto, no existe duda en orden a que el plazo recién indicado transcurrió completo entre el 13 de noviembre de 2015 y el señalado 26 abril de 2018, centrándose el problema a dilucidar en un punto específico, cual es si ese plazo comenzó o no jurídicamente a correr.

Como se expuso más arriba, de acuerdo a la ley los nueve meses para citar, liquidar o girar comienzan a computarse “desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición”. Ahora bien, tal como lo deja en evidencia el pronunciamiento de primera instancia, en tanto el texto transcrito del inciso primero del artículo 59 fue introducido por la Ley N° 20.420, titulada “Modifica el Código Tributario para explicitar derechos de los contribuyentes”, evidentemente el precepto ha de interpretárselo en el sentido que, precisamente, explicite los derechos de los contribuyentes, esto es, que los exprese de manera clara y determinada. Por consiguiente, si el Servicio de Impuestos Internos requiere ciertos antecedentes del contribuyente y éste de buena fe proporciona aquellos con los que cuenta y de los que puede hacerse empleando una diligencia a lo menos mediana y el funcionario que los recibe no expresa absolutamente nada en orden a que la documentación es efectivamente la requerida o bien que se halla incompleta, no puede la autoridad aprovecharse de esta omisión y que ese silencio carente de justificación obre en su beneficio, impidiendo u obstando al inicio del cómputo del término de nueve meses que contempla la norma.

En el caso de la especie el 12 de agosto de 2015 el Servicio de Impuestos Internos requirió determinada documentación de la contribuyente -mediante la Notificación N° 250116957-, ésta compareció el 22 de octubre de ese mismo año y en el instrumento que da cuenta de esta comparecencia se indica que existe “documentación pendiente”. Luego el 13 de noviembre de 2015 acompañó esa documentación, el acta en que se deja constancia de esta actuación nada indica y transcurrieron más de dos años y cinco meses desde esta última fecha para que el Servicio despachara recién una citación, sin que en el tiempo intermedio hubiera cuestionado de modo alguno la insuficiencia de los documentos allegados.

Otorgar a la norma una inteligencia distinta de la que aquí se propone importaría permitir a la autoridad fiscalizadora torcer la voluntad de la ley, pues bastaría que omitiera la certificación a que alude el artículo 59 para no generar el efecto de imponerle la carga de, recibida la documentación, citar, liquidar o girar en un término que, por lo demás, resulta bastante prolongado.