Aguirre Navarro con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional STGO Oriente

PRIMERO: Que la cuestión debatida consiste en determinar si la Resolución Exenta N° NUM000, emitida por el Servicio de Impuestos

Internos, que rechazó la rectificación del Formulario 22 del Año

Tributario 2017 y la consecuente devolución de impuesto pagado en exceso, adolecía de vicios de legalidad o fundamentación suficientes para invalidarla, y si el reclamante logró acreditar, conforme a las reglas del artículo 21 del Código Tributario, la procedencia de la modificación de la base imponible declarada originalmente.

SEGUNDO: Que, el proceso de fiscalización se originó en la declaración efectuada por don [Luis] respecto de la ganancia obtenida por la venta de sus derechos sociales en Inversiones

PERSONA_JURIDICA000, declarando una renta afecta al Impuesto Único de Primera Categoría por $589.483.496 y pagando el tributo correspondiente. Posteriormente, el contribuyente solicitó rectificar dicha declaración alegando que el precio de venta quedó sujeto a ajustes posteriores pactados contractualmente, los que habrían disminuido el precio final percibido y generado un pago en exceso de $11.953.580; sin embargo, el SII rechazó la solicitud mediante la Resolución Exenta N° NUM000, por estimar insuficiente la documentación aportada y por considerar que la escritura pública de cesión no contemplaba cláusulas de ajuste de precio.

TERCERO: Que, entre los principales documentos acompañados por el reclamante destacaron la escritura pública de cesión de derechos y modificación de estatutos de Inversiones PERSONA_JURIDICA000; el instrumento privado denominado “Contrato de Compraventa de Acciones”, en cuyas cláusulas se contemplaban mecanismos de ajuste del precio; los informes de Deloitte relativos a la validación de tales ajustes; el acuerdo posterior de ajuste y finiquito de 8 de agosto de 2019; la transferencia bancaria de restitución de montos; y las sentencias dictadas en causas análogas seguidas por otros integrantes de la familia [Correa]. El SII, en cambio, fundó esencialmente su posición en el propio Formulario 22 y en la escritura pública de cesión, sosteniendo que ésta constituía el único instrumento apto para acreditar el precio de venta y que los instrumentos privados carecían de eficacia para modificar lo pactado en ella. El tribunal a quo, además, restó valor decisivo a la prueba testimonial por considerarla genérica y carente de precisión respecto de la modificación contractual alegada.

CUARTO: Que la ratio decidendi del fallo en alzada radicó en que las cláusulas de ajuste de precio invocadas por el reclamante sólo constaban en un instrumento privado y no en la escritura pública de cesión de derechos que materializó jurídicamente la operación.