Comercial Automotriz Larruy Limitada con Servicio de Impuestos Internos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia dictada por el Primer Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que había acogido la alegación de nulidad de la notificación de la Liquidación hecha valer por la sociedad reclamante. En cuanto a la alegación de nulidad, el Juez Tributario ahondó primero en las razones jurídicas por las cuales desestimó la existencia de vicios en relación con la citación conforme al artículo 63 del Código Tributario, decisión respecto de la cual la contribuyente no ejerció recurso alguno. No obstante lo anterior, el Sentenciador acogió una alegación de la reclamante en relación con la supuesta nulidad de la notificación de la Liquidación, ya que la misma habría sido dirigida a quien ostentaba el cargo de Síndico de Quiebras de la contribuyente. La sociedad manifestó que dicho cargo había perdido eficacia atendido a que la empresa fue objeto de un proceso de declaratoria de quiebra, que luego fue anulado por sentencia de casación dictada por la Corte Suprema, emplazándose al Síndico de Quiebras no obstante que éste ya no detentaba la calidad de representante legal de la misma. Además, en primera instancia la reclamante alegó falta de prolijidad por parte del Servicio de Impuestos Internos, al considerar sus ingresos en las declaraciones mensuales de impuestos consignadas en los formularios 29, relacionadas con la compra de dólares. Ello, atendido a que el ente fiscalizador habría valorado y ponderando únicamente la venta de dichas divisas desconociendo su costo previo, por lo que la contribuyente indicó que había una falta de fundamentación de la liquidación. Sin embargo, el Juez omitió pronunciarse respecto a la última alegación por considerarlo innecesario, al haberse acogido la alegación de nulidad de la notificación.

El Servicio apeló de la sentencia, señalando que el Tribunal incurrió en un vicio de nulidad procesal, al declarar la invalidez de la notificación del acto reclamado, en circunstancias que la parte reclamante nunca lo solicitó, enfocándose la cuestión controvertida en la procedencia de los conceptos que daban origen al acto impugnado y respecto de los que no se pronunció. Así, la administración tributaria indicó que se habían vulnerados los principios de congruencia y el de inexcusabilidad. La Corte de Apelaciones en cuanto a la nulidad de la notificación de la liquidación, precisó que la sociedad no había solicitado explícitamente la nulidad de los actos del procedimiento de fiscalización. Luego, señaló la sentencia que el error cometido por el Servicio de Impuestos Internos al consignar como nombre del representante legal de la contribuyente el del Síndico de Quiebras, no era de tal entidad como para anular el acto de la notificación de la liquidación. Agrego la Corte, que el principio general del derecho que postula que no hay nulidad sin perjuicio, fue recogido en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil al establecer que el vicio debía irrogar a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad, y en consecuencia, el mero error de singularización del representante legal, no traía aparejado per se, un vicio que justificara la declaración de nulidad del acto de la notificación. Lo anterior, toda vez que la contribuyente ejerció dentro de plazo, su derecho de reclamación contra la liquidación respectiva, ejerciendo este con pleno conocimiento de los antecedentes de hecho y de derecho que fundaban la pretensión impositiva fiscal. En base a lo analizado, concluyó que era nítido que al haber ejercido oportunamente y con pleno conocimiento de los antecedentes la respectiva reclamación tributaria, se podía concluir que en el caso de la reclamante no existía un perjuicio que necesariamente debiera ser subsanado con una declaración de nulidad. A continuación, la Corte de Apelaciones se refirió al fondo del asunto controvertido, precisando que de conformidad al inciso primero del artículo 21 del Código Tributario, la parte reclamante no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a justificar la pretensión deducida y acreditar el origen de las divisas, en cuanto a su costo de adquisición y su posterior enajenación, con el consecuente mayor valor obtenido. Agregó, que la sociedad afirmó sin ningún desarrollo lógico ni coherente, que a lo sumo le correspondería pagar un impuesto de cierta cantidad, sin explicar la composición de la renta líquida imponible para tal resultado. Finalmente, la Magistratura hizo presente que era un deber de los litigantes el fundamentar sus peticiones, cuestión que en la especie no ocurrió respecto de la contribuyente. En definitiva, no existía la más mínima actividad probatoria idónea para justificar el supuesto error cometido por el Servicio de Impuestos Internos al liquidar la diferencia de Impuesto de Primera Categoría, razón por la cual era procedente rechazar el reclamo.