INV. Hermanos Leiva Céspedes LTDA. con Servicio de Impuestos Internos VII Dirección Regional Talca

Talca, veintidós de diciembre de dos mil quince.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigésimo segundo párrafo final, hasta el razonamiento vigésimo quinto, los que se eliminan.

Y se tiene, además, presente y en su lugar:

Primero: Que la Resolución Exenta Nº 2383 de 28 de abril de 2014 del Servicio de Impuestos Internos, fue dictada por esa institución de conformidad con la facultad fiscalizadora que le reconoce el artículo 64 inciso6º del Código Tributario, y que le permite tasar el precio o valor de los inmuebles, “…si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicaciones similares…”.

Conforme con esa tasación se procederá a fijar los impuestos cuya determinación se basen en esos precios, sin perjuicio de la facultad de contratar según sus particularidades patrimoniales existentes al momento de la compraventa de ese tipo de bienes.

Segundo: Que por su parte, el artículo 21 del Código Tributario pone de cargo del contribuyente la distribución de la carga de la prueba, en tanto queda obligado a acreditar con sus documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo de los impuestos a girar y que son de cargo del contribuyente.

Tercero: Que frente a esas normas imperativas de la ley tributaria, la exigencia de que el acto administrativo deba contener una pormenorizada descripción de los antecedentes que motivan la tasación para efectos tributarios debe primar por sobre la regla del artículo 11, 16 y 41 de la ley 19880, que hace exigible la exposición de los motivos de los actos en general, ya que habiéndose producido una alteración en la distribución de la carga de la prueba, basta la refutación por el Servicio del precio de venta para que sea el contribuyente quien deba probar el precio de mercado de esas operaciones y con ello, legitimar el precio regulado por las partes. Más aún, si el propio contribuyente reconoce expresamente que el precio de venta alcanza sólo al 60% del valor fijado por una empresa extraña a las partes, justificándose con la necesidad de contar con flujos efectivos para responder de obligaciones contraídas con terceros. (fs. 81 vta.)